Alegando el supuesto legal de "máxima urgencia" que contempla la Ley de Defensa Nacional, el Gobierno ha soslayado la obligación de que todo envío de militares al extranjero cuente con el aval previo del Parlamento. El Consejo de Ministros aprobó ayer el envío a Afganistán de 36 militares, encargados de operar cuatro aviones espía no tripulados, para reforzar la seguridad de las tropas en el país asiático.

La autorización parlamentaria, requisito establecido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, será recabada tan pronto se constituyan las cámaras.

Un total de 36 militares serán desplazados de inmediato al país asiático como "expertos" en el manejo de los cuatro Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) Searcher MKIIJ, con el objetivo de reforzar la seguridad de los 700 soldados españoles que actualmente están desplegados en Afganistán.

El grupo parlamentario IU -que siempre se ha opuesto a la misión en el país asiático- ya ha registrado una petición en el Congreso para que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, comparezca ante la Diputación Permanente para explicar este incremento, en el que ven ciertas coincidencias con la intención de EEUU de aumentar el número de soldados en Afganistán.

Fuentes parlamentarias informaron de que el acuerdo del Consejo de Ministros se ratificará en la nueva Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que no se creará previsiblemente hasta bien entrado el mes de abril.

El Gobierno ha considerado más oportuno aprobarlo de esta forma, habida cuenta de que el despliegue ya cuenta con el respaldo de los grupos del Congreso, PSOE, PP, CiU y PNV.

Además, los socialistas alegan que la petición de IU de que comparezca Alonso no tiene cabida en los periodos reglamentarios de disolución de las Cortes.