Después de que la víspera trascendiera que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, informara al Gobierno israelí de que el Ejecutivo enmendará el principio de Justicia Universal para evitar que los tribunales españoles investiguen, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas, la cadena SER reveló ayer cuál será el guión de esa reforma.

Según esas informaciones, encima de la mesa del Ministerio de Justicia hay un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recortaría las competencias de la Audiencia Nacional. Los cambios legislativos pasarían por una reforma que apuesta por frenar la deriva del Ministerio Público a juzgar sin límites cualquier crimen tipificado como genocidio. No se trata ría de restringir el principio de jurisdicción universal sino de limitarlo a casos que tengan "nexo de conexión" con España. Pero esa reforma no se aplicaría con efecto retroactivo.

Según la propuesta que estudia el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo, la Audiencia Nacional mantendría esa jurisdicción universal sólo en tres casos: que ciudadanos españoles fuesen los directamente perjudicados; cuando los responsables de los crímenes que se investiguen se encuentren en España en el momento de su detención; y un tercer apartado que abre un amplio capítulo de relaciones culturales o históricas que podrían justificar la jurisdicción de los tribunales españoles.

De aplicarse esa reforma no seria posible un proceso como el que estos días se sigue contra siete responsables militares del Gobierno de Israel por un bombardeo en la Franja de Gaza en 2002 que costó la vida a 14 civiles.