El Ministerio de Hacienda ha instado por carta a la Interventora General de la Generalitat a que informe antes del 12 de marzo sobre pagos o ayudas otorgadas desde 2015 a más de sesenta de personas, empresas y medios caracterizados por ser afines al procés o haber prestado servicios para el 1-O.

En la lista de 50 empresas se encuentra Mediapro, una de las mayores empresas audiovisuales del país y cuyo presidente es Jaume Roures. Este magnate de la televisión, que es, entre otras muchas cosas, el dueño de los derechos de retransmisión de la Champions League en España, ya ha sido vinculado en más de una ocasión con el proceso independentista catalán.

En el requerimiento figura asimismo Agrolimen, multinacional con sede en Barcelona y que es dueña de firmas tan conocidas como Gallina Blanca o Affinity.

El diario Ara también es citado en el requerimiento, así como los periodistas y fundadores del este medio, Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om o Xavier Bosch, y la sociedad Ara Llibres y Edició de Premsa Periódico Ara. A todos ellos se suma Ferrán Rodès, presidente del consejo editorial del diario.

En la carta dirigida a la Interventora de la Generalitat se vuelve a solicitar información sobre subvenciones y ayudas de 2015 a 2017 a entidades como la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, y sus presidentes o ex presidentes Neus Lloveras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha solicitó ayer la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que informe de lo que calificó de "caza de brujas". "No es propio de una democracia moderna, estamos hablando de pagos y subvenciones que eran públicas y evidentes y en las que no hay ningún misterio", denunció el diputado independentista.