El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado también en calidad de investigadas a una de las profesoras cuya firma aparecía en el acta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que habría realizado la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), así como a la funcionaría que habría cambiado las calificaciones.

Así lo ha decidido tras ampliar la causa que sigue por presunta falsedad en documento público abierta a raíz de una denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca al acta relativa a la defensa de este trabajo. La semana pasada ya citó a declarar también como imputado al que fuera director del Instituto de Derecho Público Enrique Álvaréz Conde.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la ampliación se realiza tras recibir de la Fiscalía de Móstoles sus diligencias de investigación. Ante ello, ha citado a declarar, en calidad de investigadas, el próximo 10 de mayo, a las 12:00, a Amalia Calonge, la funcionaria, y la docente Cecilia Rosado.

Ese mismo día, a las 9 horas, declararán, en calidad de testigos, Alicia López de los Mozos, Sergio Pulido y Clara Souto. Y a las 11 horas, y también en calidad de testigos, prestarán declaración Pilar Trinidad Núñez y José Antonio Lobato Moreno.

La pasada semana, el juez citó para el próximo 6 de junio a Enrique Álvarez Conde. Además, llamó a declarar a doce testigos, entre ellos los profesores Clara Souto, cuya firma aparece en el acta del TFM, Alfredo Allué, que dijo que pudo haber sido falsificada su firma y Laura Nuño, la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público; además de a nueve alumnos.

El juzgado investiga el presunto delito de falsedad documental al admitir a trámite una querella por presunto delito de falsedad documental de una catedrática de Derecho Constitucional que aparece en un acta de convalidación de asignaturas.

Se trata de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, Angela Figueruelo, y cuyo nombre aparece en un acta de convalidación de asignaturas en el máster de Derecho Autonómico de Cifuentes y que sostiene que ella "nunca intervino" en ese proceso y que su firma fue falsificada.

La magistrada incoó diligencias previas si bien rechazó la querella contra la Rey Juan Carlos y contra el Instituto Universitario de Derecho Público.

Así lo decidió al no incardinarse la falsificación documental dentro del catálogo de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas, ya que la responsabilidad penal de éstas sólo se produce en determinadas conductas penales donde así expresamente se estipula.