España

Jordi Pujol Jr. pide quedar libre ante "sospechas policiales sin fundamento"

Jordi Pujol Ferrusola. Jordi Pujol Ferrusola.

Jordi Pujol Ferrusola. / EFE

La defensa de Jordi Pujol Ferrusola ha pedido a la Audiencia Nacional que deje en libertad al primogénito del ex presidente catalán, aduciendo que el juzgado "no puede ser refugio de la sospecha policial sin fundamentos" y que en cinco años no se ha probado que sus fondos procedan de comisiones ilegales.

En un recurso dirigido al juez José de la Mata, los abogados de Jordi Pujol Ferrusola, que permanece en prisión preventiva desde el pasado 25 de abril, piden la puesta en libertad provisional del imputado, aunque aceptan que le impongan más medidas cautelares, como la prohibición de salir de España o de comunicarse con testigos claves o entidades bancarias.

Según los abogados, la "profusa y exhaustiva" investigación dirigida por la Audiencia Nacional en los últimos cinco años "no ha permitido identificar" pruebas sobre la comisión de los delitos que se atribuyen a Pujol Ferrusola en sucesivos informes policiales que, "sin mayores aditamentos probatorios, repiten como un mantra que los ingresos provienen de 'comisiones ilícitas' o de la 'comisión de diferentes delitos entroncados con la corrupción'".

"Estas afirmaciones u otras de idéntico tenor se repiten como un latiguillo, mas no por repetirse resultan procesalmente aprovechables", advierte el recurso, en el que los abogados de Pujol Ferrusola sostienen que el juzgado "no puede ser refugio de la sospecha policial sin fundamento".

En el escrito, los abogados niegan que las operaciones financieras llevadas a cabo por Pujol Ferrusola en los últimos años buscaran ocultar su patrimonio a la justicia y afirman que muchas de las transacciones que al juez le parecen sospechosas se llevaron a cabo años antes de que se abriera la investigación contra el primogénito del expresidente catalán.

Asimismo, avisan que sostener, como hace el juez, que Jordi Pujol Ferrusola no ha aportado pruebas de descargo sobre el legado familiar "produce una inquietante inversión de la carga de la prueba, impropia de los parámetros de la garantía del Estado de derecho concretados en el principio acusatorio y la presunción de inocencia".

Los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo alegan en su recurso que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional "se explayan en la altisonante afirmación" de delitos como cohecho, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas públicas "sin que, en rigor, aporten un solo dato concreto para colmar rudimentarios elementos estructurales de esas tipicidades".

"Privar de libertad provisionalmente debe venir revestido de robustas exigencias probatorias que colmen contenidos típicos", alegan los abogados, que recuerdan que el juzgado ya ha embargado al primogénito de los Pujol bienes y fondos por valor de 25 millones de euros.

En este sentido, apunta el recurso que en los informes policiales que llevaron al juez a ordenar el ingreso en prisión de Pujol Ferrusola por ocultar 30 millones de euros durante la investigación se produce una "radical omisión de todo referente temporal", que con una "palmaria inexactitud" lleva a concluir que sus operaciones se produjeron "en pugna con los fines de aseguramiento del proceso y buscando la descapitalización para impedir aquellos fines".

"Nada más lejos. Una correcta ubicación de las cosas en el tiempo permite advertir sin esfuerzo que no pudo ser esa la finalidad perseguida", añade el recurso, que insiste en que las operaciones efectuadas por Jordi Pujol Ferrusola "de ningún modo suponen perjuicio a los efectos de aseguramiento de las responsabilidades patrimoniales".

Para los abogados, el "indiscutible crono de las cosas pondrá de manifiesto que las eventuales disminuciones de activo se produjeron en un abrumador porcentaje cuando era de todo punto imprevisible la incoación misma de la causa".

Y además, remarcan que "las pocas" operaciones realizadas durante la tramitación de la causa se produjeron antes de que el magistrado acordara en octubre de 2015, que le bloquearon sus cuentas corrientes. También alegan que Jordi Pujol Ferrusola no ha mentido respecto a que tuviera cuentas en Andorra, ya que lo que hizo ante el juez fue acogerse a su derecho a no declarar sobre este aspecto.

"El uso del derecho constitucional no es equiparable a maniobras de ocultación ni a un pretendido bloqueo de la investigación, y no puede construirse a su partir el riesgo de ocultación de pruebas que pudiere fundamentar la prisión provisional", sostienen. De lo contrario, la defensa de Pujol Ferrusola advierte de que se "pervertiría" el derecho a la no autoincriminación.

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