La república catalana comenzó a rodar después de que el Parlament instará al Gobierno de Carles Puigdemont a desarrollar la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que es en sí una suerte de Constitución con la que se inicia la legalidad catalana. Una autodefinida como "norma suprema" que sustituye a la Carta Magna española y que estaría en vigor hasta que en seis meses se aprobase la del nuevo Estado. Esta ley, sin embargo, está suspendida por el Constitucional.

Lo están las dos leyes de ruptura -la del referéndum y la de transitoriedad-, aunque la propia sesión plenaria también será suspendida en el Constitucional. Lo que hizo el Parlamento catalán fue "instar" -ése es el verbo- a su Gobierno a desarrollar esta norma por la que se crea la nacionalidad, se definen las fronteras, se hace cargo de los controles aduaneros y se asume toda la Administración del Estado en el territorio. Además, la ley establece los plazos. A partir de ahora, se dan 15 días para crear un consejo asesor de la transición, se forma un foro social para un proceso que, en el plazo de seis meses, debe llevar a la elección en urnas de una asamblea constituyente. Una vez elaborada la Constitución, se someterá a su aprobación en un referéndum.

La primera fase, la del foro social, consistiría en reunir y consultar con representantes civiles de la sociedad catalana para encauzar el proceso hasta su constitución. La declaración de independencia no se recoge como tal, lo que hicieron los partidos separatistas es introducir en la propuesta de resolución lo que los diputados soberanistas firmaron el pasado 10 de octubre. Ahí se dice: "Constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". Y: "Disponemos la entrada en vigor de la Ley Fundacional de la República".

La independencia entra en vigor, pues, al dar carta de texto jurídico a esa declaración de cuatro folios que está redactada con la inspiración de otros textos históricos, como el de Estados Unidos. Éste texto fue leído en la sesión por la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell. Entre los asuntos a los que se insta al Gobierno figura la "expedición de los documentos para alcanzar la ciudadanía catalana", recuperar las leyes y normas anulados en el Constitucional, la asunción de los funcionarios del Estado español en sus estructuras y la creación de un banco público. Los bienes del Estado, como edificios y otros inmuebles, así como las actuales fronteras internacionales pasarían a ser controladas también por la república.

El Parlamento también crearía una comisión de investigación para analizar "los delitos relacionados con la vulneración de los derechos fundamentales y colectivos", cometidos para evitar el referéndum del pasado 1 de octubre. Las propuestas de resolución llevan la firma de Marta Rovira (ERC), Lluís Corominas (PDeCAT), Anna Gabriel (CUP) y Mireia Boya (CUP).