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España

Llarena vuelve a vetar a Sànchez

  • Torrent desconvoca la investidura al serle denegado el permiso para salir de prisión al candidato de JxCat

  • El presidente del 'Parlament' acusa al Supremo de "vulneración de derechos"

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (en el centro de la imagen), en un acto ayer en Barcelona de la plataforma En peu de pau (En pie de paz).

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (en el centro de la imagen), en un acto ayer en Barcelona de la plataforma En peu de pau (En pie de paz). / Andreu Dalmau / Efe

El presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó ayer el Pleno de investidura de Jordi Sànchez a la presidencia de la Generalitat previsto para hoy, y denunció una "vulneración de derechos" por parte del Tribunal Supremo, que ha denegado el permiso al candidato a salir de la cárcel para asistir a la sesión.

En un comunicado, Torrent anunció el aplazamiento sine díe del Pleno y convocó una Mesa extraordinaria para hoy para dar respuesta a la que cree es una "vulneración de derechos del Tribunal Supremo", después de que el juez Pablo Llarena haya denegado a Sànchez un permiso para acudir al pleno de su investidura.

El juez recurrirá a la UE si Alemania no entrega a Puigdemont por el delito de rebelión

Llarena se ha opuesto a excarcelar al numero dos de JxCat, en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid), porque considera que existe riesgo de reiteración delictiva y que, como presidente de la Generalitat, podría quebrantar la Constitución.

Esta circunstancias ha llevado a Torrent a cancelar por segunda vez un pleno de investidura de Jordi Sànchez, pues el ex líder de la ANC repetía de candidato a la presidencia de la Generalitat después de que Llarena ya le hubiera denegado su salida de prisión el pasado 12 de marzo.

El nuevo argumento que aportaron tanto la defensa de Sànchez como Torrent ante Llarena fue la admisión a trámite de la demanda del ex líder de la ANC por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU -que aún no se ha posicionado sobre el fondo del asunto-, lo que no ha servido para variar la posición del juez instructor.

En concreto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo formado por 18 miembros aún no se pronunciado sobre el fundo de la cuestión, aunque dos de estos miembros pidieron a España que se adoptaran "las medidas necesarias" para garantizar "que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).

El pasado 7 de abril, el presidente del Parlament, a propuesta de JxCat, volvió a designar a Sánchez como candidato por segunda vez, después de los fracasados intentos de investir a Carles Puigdemont, Jordi Turull y el propio Sànchez.

Sànchez, a través de Twitter, se preguntó de forma irónica si los catalanes "delinquieron" el 21-D al ir a votar.

JxCat, por boca de los diputados Elsa Artadi y Josep Costa, calificó de "golpe de Estado togado" la decisión de Llarena, al que comparó con Antonio Tejero en el 23-F aunque, según ellos, "han cambiado al Ejército por los jueces".

El portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, denunció lo que considera una "injerencia" del Supremo "en la soberanía del Parlament".

Llarena acudirá ante el Tribunal de Justicia de La Unión Europea de Luxemburgo en el momento en el que Alemania acepte entregar al ex president Carles Puigdemont por cualquier delito que no sea el de rebelión, una iniciativa que paralizaría provisionalmente la causa contra él.

Al presentar la cuestión ante Luxemburgo, el procedimiento quedará paralizado en una pieza separada desde el mismo instante en que sea admitida a trámite, mientras que el resto del proceso seguirá su curso.

Eso permitiría evitar juzgar a todos los inculpados que no se han escapado de la Justicia por delitos más graves que aquellos por los que se entregara al depuesto jefe del Govern.

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