El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pidió ayer de manera oficial explicaciones a Marruecos por la decisión de expulsar a cinco abogados españoles que pretendían denunciar la situación de los 21 presos saharauis condenados por los disturbios en el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik en 2010.

El departamento que dirige en funciones José Manuel García-Margallo convocó ayer a una reunión a personal diplomático de la Embajada marroquí, a quienes se "ha transmitido formalmente" la "preocupación por las garantías de los afectados en la gestión de esta expulsión administrativa", según las mismas fuentes.

Los cinco españoles formaban parte de una delegación internacional de abogados que habían convocado una rueda de prensa para "denunciar la injusticia sufrida por los detenidos saharauis", informó a Europa Press la portavoz de Iniciativa por Andalucía (IxA) Pilar Praena.

El ex alcalde del municipio sevillano de Montellano Francisco Serrano, simpatizante de Iniciativa por Andalucía, es uno de los españoles afectados. Junto a sus compañeros españoles, y otros dos de nacionalidad belga y francesa, fueron detenidos el viernes por la tarde. Ayer esperaban en el hotel ser expulsados del país a lo largo de la jornada.

El ministro marroquí de Comunicación y portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi, dijo que su país "ejerció su soberanía" al expulsar a los cinco juristas españoles, además de dos franceses y un belga, miembros de un colectivo internacional de abogados pro saharauis.