Españolito que vienes/al mundo te guarde Dios/una de las dos Españas/ha de helarte el corazón, escribía Machado en otra gran partituras de idiosincrasia doméstica. Las dos Españas eran y son el azul y el rojo, la derecha y la izquierda. El PP es el último eslabón conservador de un tronco con figuras dispares aunque a la vez irregularmente emparentadas: Cánovas, Gil Robles y Calvo Sotelo (José) primero; Suárez, Calvo Sotelo (Leopoldo), Fraga y Aznar después. Mariano Rajoy, sexto presidente de la democracia más reciente, estaba llamado a helar el corazón de sus oponentes políticos y electores, pero no el de sus correligionarios. En nueve meses de mandato, ha fallado en los tres grandes frentes de gestión de un país abofeteado cada día por la crisis: el económico, el constitucional-administrativo y el estrictamente político.

La realidad ha fulminado el mito de la fiabilidad del PP como resucitador de cadáveres. Rajoy se escuda en la herencia recibida de Zapatero y en los 30.000 millones de déficit adicionales a lo comprometido en su día por Salgado; en los 70.000 millones que el Estado y las CCAA dejaron de ingresar en dos ejercicios presupuestarios; en los 25.000 millones apartados para pagar facturas pendientes; y en la desconfianza que éstos y otros datos han provocado en los mercados, cebados con España como si fuese una piñata cuando otras naciones del mismo club europeo se financian en negativo.

La caída de la actividad económica y el crecimiento del ejército de parados (5,6 millones en el segundo trimestre frente a los 3 de Alemania, un país de 82 millones de habitantes) no han derivado en la creación de un plan de estímulo, salvo que como tal se catalogue la tímida intentona paneuropea de Hollande, respaldada por Rajoy y olvidada de momento en algún cajón del Elíseo. A cambio, el PP ha optado por subir IRPF e IVA, formulando en paralelo una suerte de amnistía fiscal para el defraudador. La acción combinada de estos mecanismos debería engordar los ingresos públicos aunque la lógica de la recesión invite a pensar lo contrario. Arguye asimismo Rajoy haber respetado el ideal de la progresividad, que implica que el rico pague más que el apretado, pero entonces podría haber introducido novedades en el régimen tributario de las Sicav, por ejemplo. La reforma laboral tampoco crea empleo hasta la fecha; la ley de estabilidad presupuestaria no parece sagrada visto el marasmo de las cuentas públicas autonómicas; la reforma financiera no ha devuelto al crédito su pulso e impulso, ni lo hará hasta que llegue el rescate sectorial de hasta 100.000 millones solicitado a Bruselas, a pesar de que la tercera modificación normativa de De Guindos haya sido la más ambiciosa hasta la fecha (poderes excepcionales para el FROB, banco malo, diagnóstico precoz de insolvencias y otras calamidades).

A la presión fiscal, que también afecta a universidad (tasas) y sanidad (copago), se une otra política impopular: los recortes. El 70% del gasto autonómico lo absorben educación y salud, y Bruselas ha impuesto un celibato tan radical (1,5% de déficit en 2012) que tocar esas partidas era una obligación incluso echando el resto en el 30% restante. Se repite la perversa jugada de los ciclos malos: las CCAA recaudan el 50% de IRPF e IVA y el 58% de los impuestos especiales, pero sin actividad no hay quién costee los entramados del bienestar hispano.

Los funcionarios han perdido poder adquisitivo; muchos interinos pasan a la reserva, ergo la calidad del servicio se resiente. La izquierda reniega de un debate que tal vez sea constructivo: la gestión privada, en parte más que en todo, de lo público. Razón suficiente para que Rajoy evite por ahora el charco. En la atmósfera flota una sensación de desmantelamiento sin que en realidad las apisonadoras se hayan centrado en el principal problema, que no es precisamente una excesiva plantilla de empleados públicos. España cuenta con un funcionario por cada 15 habitantes, la cuarta peor cobertura de la UE, en total 3,2 millones cuyos cometidos sí podrían repensarse.

El principal problema ya lo definía hace años, aunque quizás con otra vocación, el ex president Pasqual Maragall: "La Constitución de 1978 es una enorme Disposición Transitoria". Por contentar al País Vasco y Cataluña, el legislador creó un país de diecisiete países y dos ciudades autónomas donde la ineficacia, la suntuosa arquitectura administrativa a lo Albert Speer (cargos públicos, empresas y otros organismos, universidades) y los solapamientos funcionales son casi prescriptivos. La Italia del tecnócrata Mario Monti suprimió en agosto del año pasado 36 provincias, 1.500 ayuntamientos y 50.000 cargos públicos. Grecia dejó en 2010 sus 1.034 consistorios en 355. ¿Qué ha hecho Rajoy al respecto? Reforzar el papel de las diputaciones y mantener los 8.116 ayuntamientos españoles pese a que el 85% acoge a menos de 5.000 habitantes. Rafael Salgueiro, economista de la Universidad de Sevilla, sugería en un artículo (2-9-2012, cabeceras del Grupo Joly) dejar en diez las 17 CCAA a partir de un demoledor y muy asimilable dato: el PIB de la provincia hispalense supera al de siete comunidades, Navarra y Aragón incluidas. ¿Qué ha prometido y tiene pendiente Rajoy? La unidad de mercado y la simplificación de la regulación administrativa. Aceptables saltos intermedios que aplazan el verdadero salto de calidad.

Queda el capítulo político. Perder adhesiones duele menos cuando el único rival real, Alfredo Pérez Rubalcaba, sigue grogui. Pero esta situación de desafecto generalizado hacia los partidos de corte convencional abona el escaño a bisagras, extremistas y oportunistas, sin provocar a la vez la reformulación de las viejas artes del poder o la aparición de discursos reverdecedores. Las dos Españas de Machado (y también los inversores) agradecerían por una vez un esfuerzo de sintonía entre las grandes voces con micro de esta monarquía parlamentaria: Rajoy y Rubalcaba harían bien en pensar una España 3.0, aglutinando en su propuesta la síntesis de todas sus fuentes de inspiración (empresarios, académicos, figuras sin adscripción ni servidumbres, sociedad civil en general) y lanzando al oyente un mensaje claro de reacción, reconversión, ambición y optimismo. El cálculo electoral es hoy un tic muy feo, un corte profundo en el rostro del afeitado, una forma torpe de separar durante décadas al representado de sus representantes.