El PNV y EH Bildu pactaron este viernes que la futura reforma del Estatuto autonómico sea sometida, con carácter previo a su tramitación ante las Cortes Generales, a una "consulta habilitante" de la ciudadanía vasca, que jurídicamente no tendría un carácter vinculante. Según el acuerdo al que ambos grupos, mayoritarios en la Cámara de Vitoria, llegaron en la ponencia de autogobierno del Parlamento, la ley estatutaria deberá ser aprobada, en primer lugar, por el Legislativo vasco para posteriormente ser sometida a una consulta ciudadana que, "aun no siendo jurídicamente vinculante, tendría un valor declarativo y habilitante esencial".

Una vez cumplido este trámite se iniciaría un proceso de negociación con el Estado para su encaje jurídico y, tras la tramitación en las Cortes, si fuera aprobada la ley, "se procederá a su ratificación mediante referéndum".

PSE y PP no comparten este procedimiento, mientras que Elkarrekin Podemos no lo rubricó porque, aunque no se opone, considera que debería convocarse mediante un acuerdo de dos tercios del Parlamento vasco y opina que para que su resultado tuviera un valor habilitante esencial tendría que tener una participación mínima del 60% de los votantes.

La ponencia concluyó ayer su propuesta para un nuevo Estatuto que se remitirá en septiembre a un grupo de expertos para que elaboren un texto articulado, en la que se otorga carácter nacional al "sujeto político jurídico constituyente" que integran Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. La iniciativa volverá a la Cámara con formato de proposición de ley y firmada por los grupos que así lo decidan, previsiblemente PNV y EH Bildu.

Joseba Egibar (PNV) dejó claro que con esta propuesta de Estatuto no se está hablando de escenarios de independencia, sino de "marcos de convivencia política, de bilateralidad". El popular Borja Sémper anunció que su grupo presentará un voto particular a todo el texto al considerar que PNV y EH Bildu han acordado "la Constitución de Urkullu" y acusó a estos dos partidos de "dinamitar la Euskadi plural".

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dijo ayer que una "consulta habilitante" como paso previo a la negociación del futuro Estatuto vasco con el Estado "está fuera" del Estatuto de Guernica.