El PP se ha opuesto finalmente a la proposición de ley para la creación de unos impuestos temporales para grandes bancos y energéticas, una iniciativa legislativa que continuará su tramitación tras el voto a favor en el Pleno del Congreso de los socios habituales del Gobierno de coalición y la oposición de Vox y Ciudadanos, además del PP.

La proposición de ley --presentada por los grupos PSOE y Unidas Podemos- comenzará su trámite parlamentario con el objetivo de que esté en vigor en 2023 y que pueda recaudar 7.000 millones de euros en dos años mediante las dos figuras tributarias.

"Tiempos extraordinarios exigen esfuerzos extraordinarios", ha dicho la diputada socialista Patricia Blanquer al comienzo de su intervención, argumento al que se ha sumado el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro al defender "un reparto justo y equilibrado en una situación sobrevenida".

La norma prevé la creación de dos prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario, que no podrán trasladarse a los consumidores, una obligación que será vigilada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuyo incumplimiento sería una falta "muy grave" sancionada con el 150% del importe trasladado.

Estas prestaciones afectarán a una veintena de grandes empresas durante dos años, a pagar en 2023 y 2024, aunque referidas a los resultados del año previo, y no podrán deducirse en el impuesto de sociedades.

El objetivo es que esta proposición de ley entre en vigor a comienzos del próximo año y que dos de los sectores beneficiados por la actual crisis aporten más.

El debate ha provocado que los grupos de la Cámara se hayan dividido en dos bandos claros: quienes apoyan que los sectores beneficiados por la crisis aporten más a las arcas públicas y quienes creen que generará inseguridad jurídica y que lo acabarán pagando los ciudadanos.

Entre los grupos que han votado en contra, el diputado del PP, Mario Garcés, ha criticado que se fíe el cumplimiento de la banca a la vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMMC), "a la que ni siquiera se ha consultado" previamente y que se haya querido disfrazar un tributo de "prestación patrimonial".

Entre los apoyos, EH Bildu, ERC, BNG, la CUP o Más País, que han reclamado además que ambos gravámenes sean permanentes y han confiando en poder "mejorar" la ley.

El PNV también ha apoyado los impuestos, aunque su portavoz Idoia Sagastizabal ha sido muy crítica con su diseño, porque hay riesgo de que "por cuestiones jurídicas o técnicas" queden anulados por los tribunales.

Tanto PNV como EH Bildu han advertido además de la invasión de competencias que supone la norma, algo que ya se ha comprometido este martes a estudiar el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y que será corregido durante el trámite parlamentario.

La diputada de Ciudadanos Mari Carmen Martínez, ha asegurado que la norma "adolece de sectarismo e inseguridad jurídica", lo que "facilita el camino a una posible impugnación" por los tribunales.

Al margen del apoyo a la norma, han sido varios grupos lo que han alertado de la "arquitectura débil" de estos impuestos, así como de que se haya tramitado como proposición de ley, en lugar de proyecto de ley, para ahorrarse todos los trámites previos a su presentación en las Cortes.

Los grupos que han votado en contra han criticado también que el Gobierno quiera recaudar con esta prestación tributaria 2.000 millones anuales de las empresas energéticas y 1.500 millones de la banca, que terminarán recayendo en las espaldas de los consumidores, cuando el Gobierno lleva ingresados vía impuestos 22.000 millones de euros más este año.