El PSOE acudió ayer a la sede del Tribunal Constitucional (TC) para presentar un recurso contra el Real Decreto-ley 13/2014 por el que se establecen, entre otras cosas, medidas "urgentes" para compensar la inversión de la empresa Escal UGS, S.L. por la paralización del proyecto de almacén gasístico Castor frente a la costa de Castellón y Tarragona.

A juicio de los socialistas, como consecuencia del decreto, "se le ha pagado a una empresa 1.300 millones de euros sin intentar saber qué había pasado realmente", según explicó el secretario general del secretario de Reformas Democráticas del PSOE y secretario general del PSPV, Ximo Puig. Además, el portavoz del partido en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró que el Ejecutivo "se ha sacado de la manga" la cantidad y "ni ha mirado la factura".

El texto apunta que hasta seis artículos del Decreto-ley (los seis primeros) "exceden ampliamente, en su contenido regulatorio, el marco y los criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia del TC" en materia de "adecuación constitucional de las leyes singulares". Además, considera que la norma aprobada por el Ejecutivo afecta a principios y derechos fundamentales del orden constitucional como son el principio de igualdad, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la tutela judicial efectiva y los derechos de los consumidores y usuarios.

Los responsables de presentar el recurso lamentaron que, a su juicio, el decreto-ley defiende "un interés particular en lugar de un interés general". De hecho, el recurso denuncia la aparente "renuncia" del Gobierno a "imputar al concesionario cualquier responsabilidad en lo sucedido en el almacenamiento y su puesta en servicio".

En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor tras registrarse cientos de pequeños seísmos.