Macrooperación policial en Cataluña

Detienen a 30 personas por desviar ayudas de la Diputación de Barcelona

  • La Policía sospecha que más de dos millones en subvenciones para cooperación del ente provincial fueron a parar a entidades como CATmon, centrada en la internacionalización del 'procés'

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La Policía Nacional detuvo este jueves a 30 personas y practicó una veintena de registros en una macrooperación ordenada por el juez que investiga un desvío de más de dos millones en subvenciones para cooperación internacional de la Diputación de Barcelona, durante la primera etapa de CiU.

La operación, dirigida por el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acarreó la detención de Salvador Esteve, quien presidió la Diputación de Barcelona entre los años 2011 y 2015, precisamente la etapa que está bajo sospecha por presunto fraude en la concesión de ayudas públicas.

Entre la treintena de detenidos en la macrooperación también figura el subdirector general de Cooperación Local del Departamento de Gobernación, Jordi Castells, a quien el juez atribuye un papel clave en el presunto fraude mientras dirigió el área de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y sospecha que presionó a funcionarios para que emitieran informes favorables a la concesión de las subvenciones investigadas.

Otro de los principales detenidos es Víctor Terradellas, fundador y directivo de las asociaciones CATmon e Igman, dos de las principales entidades que percibieron las ayudas bajo sospecha y de las que es socio fundador Francesc Dalmases, diputado de JxCat en el Parlament. El objetivo principal de CATmon es buscar el reconocimiento internacional de la "nación catalana" y su fundador fue secretario de Relaciones Internacionales de Convergència.

La investigación, que ha llevado a cabo en los últimos dos años la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, destapó una presunta trama que desvió al menos dos millones de euros de subvenciones a entidades y empresas que utilizaban presuntamente facturación falsa para ocultar que los fondos no eran destinados a ningún proyecto de cooperación.

Los investigadores analizarán la documentación incautada en la veintena de registros practicados ayer para averiguar cuál era el destino final de esos fondos desviados, que todavía se ignora, y determinar si era para actividades privadas o "para fines públicos diferentes o ajenos a los de cooperación al desarrollo internacional de comunidades pobres", apunta el juez en sus autos de entrada y registro.

En concreto, la investigación se centra en 28 ayudas para la cooperación internacional que la Diputación de Barcelona concedió supuestamente a dedo a empresas y entidades -algunas de ellas vinculadas a alcaldes del PDeCAT, según el juez- en unos procesos de adjudicación que adolecen de numerosas irregularidades.

En algunos casos, según detalla el juez en sus autos, las memorias presentadas para justificar las subvenciones no eran más que "meras copias" de documentos de internet, las ayudas eran cobradas por una misma persona empleando dos identidades y las empresas perceptoras se crearon poco antes de que se otorgara la ayuda.

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