Instituciones Penitenciarias ha admitido que registró la celda del ex presidente de la ANC y diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, "por razones de seguridad interior" y negó que le haya prohibido comunicarse con su familia y que haya reforzado la seguridad sobre él.

El Gobierno respondió en esos términos al diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes, quien registró una batería de preguntas sobre el trato dado en la cárcel Madrid VI de Soto del Real a Jordi Sànchez, que permanece en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017.

En su respuesta, el Ejecutivo explica que cualquier interno de un centro penitenciario que infrinja las normas reglamentarias puede incurrir en responsabilidad disciplinaria y añade que "la condición de candidato a unas elecciones carece de relevancia respecto al incumplimiento de las normas de convivencia".

Y, en ese contexto, expone que la celda de Sànchez "fue registrada por razones de seguridad interior, amparadas reglamentariamente en la obligación que la Administración tiene de preservar el orden dentro de los centros penitenciarios".

El pasado 16 de diciembre, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, se quejó de "represalias" sufridas por su cliente tras haberse emitido un mensaje suyo en un mitin en Barcelona ante las elecciones del 21 de ese mismo mes.

Entre esas supuestas "represalias", el abogado señaló el registro y el traslado a otro módulo.

El Gobierno, en su respuesta, expone que la separación interior de los internos en una cárcel es competencia "discrecional" de la dirección del centro por "razones organizativas".