El Juzgado de Instrucción 1 de Nules (Castellón) ha concluido la investigación de la causa abierta contra la patronal autonómica valenciana (Cierval) y la castellonense (CEC) por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación.

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado, se ha acordado procesar a dos dirigentes de la patronal autonómica y castellonense, Rafael Montero y José Antonio Espejo, y a tres empresarios.

El instructor procesa también al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la anterior, a la patronal autonómica Cierval, y a otras cuatro mercantiles (academias y centros de formación) que supuestamente emitieron las facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval de los 12 que recibió ésta última de la Generalitat Valenciana.

En el barro judicial contra la corrupción también chapoteó ayer el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González al desvincularse ante el juez de las supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de una empresa de diseño web con el Canal de Isabel II, al afirmar que ya estaba fuera de la empresa pública cuando se produjo esta operación.

González compareció como investigado por malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.