El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el ex conseller Jordi Turull han enviado este jueves una carta a sus compañeros de grupo parlamentario en la que piden preservar los derechos del diputado Jordi Sànchez como candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Ante esto, Sànchez ha comunicado su "plena disposición para afrontar un debate de investidura" para convertirse en el próximo jefe del Ejecutivo catalán.

En la misiva de Puigdemont, el ex president defiende que la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Sànchez es un aval a la investidura: "Hacerlo -proceder a su investidura- es un acto de justicia que reparar el daño causado por los poderes del Estado español".

La carta del ex presidente está fechada desde la cárcel de Neumünster, en Alemania, donde se encuentra privado de libertad y a la espera de que la justicia alemana decida si lo extradita o no a España en las próximas semanas.

Por otro lado, Turull recuerda en su carta que su situación de prisión preventiva supone un obstáculo para aspirar al cargo, lo que le obliga de "forma provisional" a renunciar a su investidura y apuesta porque su relevo sea el ex presidente de la ANC y diputado de JxCat.

Ante estas renuncias, Sànchez ha enviado otra misiva en la que ha recordado que el Parlament ya intentó investirle semanas atrás, pero el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "optó por impedir la celebración de este debate, que debería ser bien normal en una democracia europea en pleno siglo XXI". Pese a su investidura resultó fallida entonces, Sànchez esgrime que ahora existe una novedad que abre una "rendija" para ser investido: la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 26 de marzo que pide, como medidas cautelares, que sus derechos políticos sean respetados.

"Proponer mi investidura ahora es una decisión justa jurídicamente y necesaria políticamente. Es evidente que el Estado español no tiene otra opción que hacer respetar la resolución del Comité de Derechos Humanos", concluye el diputado de JxCat.

En la misiva, fechada en la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra desde el 15 de octubre de 2017, afirma que no respetar la resolución sería "un escándalo jurídico mayúsculo" y evidenciaría, a su juicio, que España no es una democracia consolidada.

Sànchez explica que es perfectamente consciente y conocedor de que Puigdemont y Turull han renunciado a ser investidos en favor de él, y agradece su "generosidad" y lamenta que también ellos estén injustamente encarcelados. Cuando en marzo fracasó el intento de investir a Sànchez, su defensa comunicó al Tribunal Supremo la intención de su representado de dejar el acta de diputado y volver a la docencia universitaria; sin embargo, luego lo reconsideró al conocerse la resolución del Comité de la ONU.