La situación del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española desde octubre de 2017, no cambiará y continuará bajo custodia policial en Alemania tras su arresto la mañana del domingo. El tribunal de primer instancia de Neumünster, en el Estado de Schleswig-Holstein, decidió ayer la ampliación de su detención preventiva mientras se tramita su posible extradición a España.

A pesar de esta decisión de prolongar el arresto del líder separatista, el fiscal general de la ciudad de Schleswig, Georg-Friedrich Guentge, subrayó que es "poco probable" que se tome una decisión sobre su posible extradición esta semana. "Ha comparecido en calma y sereno", dijo el fiscal a los periodistas al ser preguntado por el ánimo del ex presidente catalán. Ayer también trascendió que Puigdemont mantuvo tras su detención una breve conversación telefónica con su esposa, Marcela Topor, a la que habría dicho "Ahora no debe haber violencia" en un llamamiento paralelo a la convocatoria de movilizaciones en Cataluña que derivaron en enfrentamientos entre partidarios de la independencia y los Mossos d'Esquadra.

Ahora, será la Fiscalía General de Schleswig-Holstein la que analice la documentación que obra en su lugar para determinar si se cumplen los requisitos para que el ex presidente catalán sea extraditado a España en un procedimiento que puede alargarse 60 días, prorrogables hasta 90.

El delito de rebelión no está tipificado como tal en el Código Penal alemán pero puede haber delitos que sean equiparables, según informó ayer la portavoz del Ministerio de Justicia, Stephanie Krüger, que declinó responder si se refería al de alta traición que sí recogen las leyes de este país con una pena máxima de 25 años.

A continuación, el organismo presentará el proceso de extradición ante el Tribunal Superior regional. En el caso de que la Fiscalía llegue a la conclusión de que no existen los requisitos para una extradición, ordenará entonces su libertad. Existe un límite máximo de 60 días para mantener detenido a Puigdemont hasta que la Justicia alemana decida su entrega a España en el caso de que el líder independentista catalán no acepte su extradición.

No obstante, una portavoz de la Fiscalía recordó que ha habido procesos que se han prolongado durante más tiempo. Asimismo, ha indicado que si bien no se espera que se agote este plazo, tampoco es probable una decisión esta semana.

El ex presidente de la Generalitat está procesado por el Tribunal Supremo por un delito de rebelión y otro de malversación. En Alemania existe el delito de alta traición, que tiene similitudes con el tipo penal del Código Penal español. El artículo 81 del Código Penal alemán establece que quien actúe "con violencia o amenaza de violencia para dañar la existencia de Alemania o modificar el orden constitucional recogido en la Constitución de la República Federal de Alemania será penado con cadena perpetua o con penas de cárcel de no menos de diez años". "En casos menos graves, las penas de prisión van desde un año hasta los diez años", agrega el texto.

La ley alemana recoge penas para la preparación de un delito de alta traición. El artículo 83 de su Código Penal establece que "quien prepare una acción de alta traición contra el Estado será penado con de un año a diez años de cárcel y en casos menos graves con penas de cárcel desde un año hasta los cinco años". Y agrega que "quien prepare una acción de alta traición contra un estado federado será sancionado con penas de prisión de tres meses a cinco años".

Con el procés hecho mil pedazos, la decisión del juez alemán lleva a su principal protagonista a permanecer en la cárcel de Neumünster, donde ya pasó su primera noche. Su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, contó a la prensa que no pudo visitar a su cliente en la prisión, dado que ya había terminado el horario de visita de los reclusos. Para esquivar la extradición, el defensor del ex presidente catalán pretende convencer a la Justicia alemana de que existen "motivos fundados" que hacen "sospechar" que Puigdemont no tendrá "un juicio justo" en España.

Christophe Marchand, uno de los abogados en Bélgica de los políticos independentistas reclamados por la justicia, dijo ayer que la defensa de Puigdemont no contempla "en este momento" que el ex presidente pida asilo político en Alemania. "No, en este momento no", recalcó Merchand a la pregunta de si los abogados internacionales de Puigdemont contemplan la posibilidad de que solicite asilo político en Alemania.

Merchand, que "formalmente" defiende en Bélgica a los ex consejeros de ERC Toni Comín y Meritxell Serret, participa en la "defensa común" de Puigdemont y de otros huidos como los políticos independentistas de JxCat reclamados por la Justicia española que huyeron en octubre junto a Puigdemont, Lluís Puig y Clara Ponsatí. "Hay una organización general de la defensa. Como argumentamos que hay problemas muy importantes a nivel de derechos fundamentales de la Unión Europea, compartimos el trabajo", explicó a Efe Marchand, quien no ve motivos para creer que la detención de Puigdemont en Alemania sea negativa para sus intereses.

El letrado argumentó que su razonamiento es jurídico y no político, y que se basa en su opinión de que el desafío independentista del 1-0 fue un acto político no violento y en que a su juicio la justicia española no garantiza los derechos humanos de sus clientes a través de un juicio justo. "Según nuestra posición, cualquier país de Europa va a rechazar la euroorden. Es lo que esperamos".