Decía Iñaki Gabilondo que los partidos estaban convencidos de que al ganar las elecciones en la dote venían incluida una caja de ahorros, y una televisión pública. No era por inocencia ni porque creyeran en herencias ni en regalías asociadas al sistema electoral, es que forma parte de las convicciones profundas de los partidos: el poder se ocupa y los espacios públicos institucionales, también. La dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE demuestra que seguimos sin un modelo estable y que funcione para los medios públicos. El dimitido presidente del ente público no es la causa sino la consecuencia. Se ha ido cuando ha perdido el apoyo de PSOE y UP, los dos partidos que lo auparon junto a PP y PNV. Señalado por UP, singularmente por Pablo Iglesias, cuyos ataques fueron in crescendo desde que RTVE se cargó el programa de Jesús Cintora, y abandonado con más sutileza por el PSOE, que lo llamaba a capítulo a Moncloa cada dos por tres, Pérez Tornero ha saltado del barco.

Se acercan las elecciones y el control férreo de la tele publica es un objetivo irrenunciable. Y ojo, esa pulsión no es exclusiva de este gobierno, sino de todos los gobiernos. En este caso fracasa además el modelo de cooptación entre los más capaces, el llamado concurso de méritos. Recuerden que el Congreso eligió a seis consejeros -de entre los que saldría el presidente- entre 90 aspirantes que acreditaron su bagaje profesional. Tampoco sirve. Caen como moscas. Pérez Tornero solo ha consumido 18 meses de los seis años de mandato que tenía. Mantener una plantilla de 6.500 empleados, una deuda de 600 millones, unas audiencias pírricas y un concepto partidario de la tele publica no justifica su existencia. O se cree en la independencia y la labor social de los medios del Estado o no se cree. Y parece que nadie cree. Pero paradójicamente Pérez Tornero no sale de la tele por las cifras de audiencia o el descontrol de la deuda. Sale por un déficit de sectarismo y obediencia.

De aurora boreal

La conversación entre la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y el ex vicepresidente Pablo Iglesias en Hora 25 con Aimar Bretos sobre cómo deben informar los medios públicos manteniendo la correlación con los votos obtenidos por cada partido fue de aurora boreal. Es mejor pensar que se hicieron un lío. Calvo aludió a la ley electoral y al reparto de tiempos en la televisión en función de los votos. “No es baladí que en términos jurídicos los minutos en campaña vayan en función de los resultados electorales. Es una manera de respetar a los ciudadanos. Los profesionales tienen que tener responsabilidad y sensibilidad con lo que han dicho las urnas”, dijo

Calvo. Tal cual. Iglesias, por su lado, aportó datos procedentes de los informes de algún siniestro grupo de macartistas dedicado a la yerra de tertulianos: “El 57% de los tertulianos de televisión española son de derechas, el 13% de centro y el 30% son de izquierda, o sea del PSOE”.

Estatalismo informativo

Evidentemente los periodistas tienen ideología. Como los cirujanos de la sanidad pública y los inspectores de Hacienda y se supone que unos operan con la misma cantidad de anestesia a los votantes de derechas y de izquierdas y que los otros persiguen el fraude sin pedirle el carné de los infractores. Es obvio que los periodistas no somos espíritus puros pero también lo es que Calvo e Iglesias no defendían el interés general, sino sus intereses partidarios. Una vez aceptado el sistema de noticias atendiendo al número de votos, sería interesante una próxima entrega en la que profundicen en cómo han de titularse las noticias. Porque se supone que son minutos dedicados a hablar bien de los partidos en “su” tiempo en la tele pública. Al final va a resultar que el PP controla RTVE con un gobierno de coalición de PSOE y UP en el poder. Es directamente incompatible defender el derecho a la información con el estatalismo informativo. Igual se les olvida a la catedrática de Constitucional y al politólogo que el derecho a la información pertenece a los ciudadanos, no a los periodistas, que mediante un pacto tácito con la sociedad administramos ese derecho haciéndolo con criterios de profesionalidad, rigor y proporcionalidad. Al menos es lo exigible. Pero no es un derecho que pertenezca a los periodistas. Mucho menos, a ningún partido. España está muy rara. Debe ser que no llueve.El gobierno sabe qué tiene que hacer

“El gobierno sabe lo que tiene que hacer para empezar a hablar del contenido (..) [hay que] poner justicia donde ahora injusticia”. Ese es el recado de Gabriel Rufián al Gobierno para negociar los presupuestos. ¿Qué es lo que sabe el Gobierno que tiene que hacer? Escondido en la retórica sobre el sesgo inequívocamente social de los presupuestos, el objetivo es transformar lo que llamaban pomposamente “la desjudicialización del procés” como si fuera posible desactivar la actuación de la justicia a la carta , por la idea más genérica de “desjudicializar la justicia”. En realidad, se trata de reformar -o enterrar- el delito de sedición- y si fuera posible rebajar las consecuencias del de malversación. Así, Puigdemont, que sigue fugado, quizás podría regresar. Y Junqueras, condenado por el TS a 13 años de cárcel y a 13 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación, igual podría regresar a la escena política. El resto de la historia ya la conocen: los condenados del procés fueron a la cárcel, no se arrepintieron de nada y fueron indultados.

No hace falta anticipar el escándalo político si se modificara la ley. Pese a que el Ejecutivo ha valorado alguna vez la necesidad de armonizar el delito de sedición con la legislación europea, ni hay mayoría parlamentaria para reformar una ley orgánica ni la salud política del país da para eso. Sobre la mesa, los presupuestos. Y Griñán debería estar muy pendiente de esa mesa política.

El carajal fiscal

Frente a la armonización, el gran carajal fiscal. Las comunidades gobernadas por el PP andan deflactando el IRPF (un mecanismo de compensación para que el ciudadano no resulte muy dañado por la inflación) y eliminando el impuesto de patrimonio y sucesiones. El Gobierno, preparando un nuevo impuesto extraordinario para las grandes fortunas y rebajando el IRPF a las rentas entre 18.000 y 21.000 euros así como bajadas para autónomos y pymes. Y ahora el presidente valenciano, Ximo Puig, se suma a la subasta anunciando una rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros “contra el populismo fiscal” de los otros, porque con Sartre, a efectos tributarios, el infierno también son siempre “los otros”. Puig le ha abierto una vía de agua a la estrategia del gobierno central, que anda que trina.

Todos hacen uso de sus prerrogativas, obvio. Pero de esta salimos mal todos. Puestos a elegir, la estrategia más sensata parece la de la deflactación del IRPF que ha impulsado el PP, aunque su impacto en las cuentas públicas será importante. Igual la deflactación debe tener un perímetro más estricto, pero limitar a rentas de 21.000 euros la bajada fiscal deja fuera a una parte muy relevante de la población que no va precisamente sobrada. El Gobierno ha estado torpe y lento. Podía haber sido un buen pacto de Estado. En cualquier caso, con una deuda del 120% del PIB y una presión fiscal muy por debajo de la media europea, este roto se descoserá del todo por algún lado tarde o temprano. Mientras la UE trabaja para coordinar las fiscalidades nacionales con el objetivo de converger en vez de competir, en España estamos desarrollando a tope 17 sistemas fiscales.

Semana laboral de 4 días

El 86% de las empresas que están practicando con la semana laboral de cuatro días (32 horas, un día libre más pagado) en Reino Unido están dispuestas a mantenerla después del periodo de prueba. Es la conclusión del 4 Day week global, el programa piloto innovador que se aplica en aquel país con 3.300 trabajadores de 60 compañías y en el que participan investigadores de las universidades de Cambridge, Boston y Oxford. El 88% de las empresas sostiene que la semana de cuatro días está funcionando “bien” para sus negocios. El 46% dice que la productividad ha mantenido el nivel, el 34% defiende que “ha mejorado ligeramente” y el 15% dice que ha mejorado “significativamente”.

En España se va a poner en marcha un proyecto piloto similar. Los presupuestos generales del Estado reservan diez millones de euros en ayudas para las empresas que participan. Los expertos aseguran – y los primeros testeos lo confirman- que se incrementa la productividad al rebajarse el estrés y las horas perdidas, los empleados se comprometen más, se mejora la conciliación y se reduce la huella ambiental. En la revolución industrial la jornada laboral era de seis días. Con el tiempo se fijó en los cinco actuales (40 horas). Cada avance ha de vencer siempre importantes resistencias. Ya se sabe que el progreso no es inevitable. Pero España tampoco es diferente. Aquello fue un eslogan de Fraga para atraer a los turistas extranjeros. Ya ha llovido mucho. Cuestión de probar.