Las asociaciones de víctimas del terrorismo viven en "precariedad" tras el drástico recorte de subvenciones públicas que sufren por la crisis, lo que afectará tanto a su estructura interna como a la atención psicológica y psicosocial que ofrecen a las víctimas que aún requieren atención años después del atentado que sufrieron.

El dinero que sostiene a los colectivos de víctimas procede fundamentalmente de las instituciones públicas, que conceden subvenciones a sus actividades través de proyectos concretos. Sin embargo, la cuantía de estas subvenciones ha ido descendiendo durante los últimos años y deja el montante con el que contarán en 2012 en cifras "insostenibles" para poder continuar con su labor.

De hecho, Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, entidad público-estatal creada en 2001 a raíz de la firma del acuerdo antiterrorista, se puso "los zapatos de pedir" la pasada semana para alertar de la situación y advirtió de que el próximo año tendrán que descender tanto las partidas de ayuda directa a las víctimas como el montante con el que la Fundación costea proyectos de otras asociaciones de víctimas.

Además, anunció la puesta en marcha de una novedosa iniciativa por la que la fundación pedirá una aportación de 500 euros a 3.000 municipios españoles para poder sufragar sus gastos y, a cambio, pasar a formar parte de la Red de Municipios Amigos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) -la mayoritaria en el colectivo con más de 4.000 asociados-, su presidenta, Ángeles Pedraza, desvela a Europa Press que los proyectos de ayuda psicológica sufrirán el próximo año un recorte de hasta el 40% y que muchas partidas tendrán que ser recortadas hasta un 50%.

Pedraza detalló que la AVT ha recibido del Ministerio del Interior una partida que supera los 200.000 euros y que no ha variado sustancialmente de la de años anteriores. Diferente suerte han corrido las subvenciones proporcionadas por las comunidades autónomas, ya que algunas han desaparecido totalmente y otras han sufrido un fuerte descenso.

Pedraza contrapone esta situación a la de Bildu y Amaiur, que tienen acceso a cuantiosas subvenciones públicas gracias a su presencia en las instituciones. Con los resultados del 20-N, Amaiur se garantizó un total de 601.660,64 euros en subvenciones del Estado gracias a los diez parlamentarios cosechados en las Cortes Generales -siete diputados y tres senadores- y los más de 300.000 votos recabados.

Estos recortes los sufren también de manera especial las asociaciones autonómicas de víctimas, ya que buena parte de su presupuesto provenía de las arcas de las comunidades, que han reducido drásticamente las partidas como consecuencia de los ajustes económicos.

Particular es el caso de la canaria Acavite, que representa a víctimas del Frente Polisario en los años 70 y 80 y que lleva años luchando contra el "ostracismo" al que, según denuncia, están sometidos sus asociados. Su presidenta, Lucía Jiménez, explica que su único sustento proviene del Gobierno central, ya que el Ejecutivo canario nunca les ha concedido ninguna subvención mientras que "da dinero continuo" al Frente Polisario.

Las dos asociaciones nacidas tras los atentados del 11-M en Madrid también están sufriendo estos recortes, aunque de forma distinta debido al origen de sus ingresos. Mientras que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha perdido toda la ayuda que recibía de la Comunidad de Madrid, su única fuente de ingresos, la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo mantiene las subvenciones de los Gobiernos central y vasco.

El primero de estos colectivos, además de tareas de ayuda y atención a las víctimas de los atentados de Madrid, dedica su principal esfuerzo al ámbito jurídico para lograr esclarecer todos los detalles que rodearon el 11-M. Las subvenciones del Ejecutivo de Esperanza Aguirre suponían su única fuente de ingresos hasta este año, cuando se ha anulado esa ayuda. La gerente portavoz del colectivo, María Lozano, explica que esto llevará a reducir al mínimo los programas de la asociación y reducir su estructura interna. "Gente contratada va a quedar muy poca", reconoció subrayando que algunos de sus trabajadores están renunciando a la indemnización que les corresponde para no agravar la situación.

Por su parte, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, con más de 1.800 socios, afirma que su colectivo no puede lamentar que la Comunidad de Madrid haya cerrado el grifo de las subvenciones porque ellos nunca han tenido acceso a ellas. Según explicó, sus gastos se sufragan gracias a la aportación de los socios y la financiación que reciben de Interior. El Gobierno vasco también sufraga una parte de sus actividades debido a que entre sus miembros, además de víctimas de los atentados de Madrid, cuentan con numerosas víctimas de ETA, como los del atentado de la T4 de Barajas. "Nuestro trabajo se centrará en poder seguir dando apoyo a las víctimas en todo aquello a lo que las instituciones no llegan, desde prótesis de oído hasta técnicas de implante capilar -apuntó-. Pensamos seguir adelante y esperamos que el Gobierno siga sacando subvenciones para las asociaciones".