La comparación es inevitable cuando uno ha escuchado a ambos. Si Baltasar Garzón es un seductor en las distancias cortas por su idealismo persecutor, Javier Gómez Bermúdez obtiene resultados similares desde la sobriedad. Jueces, andaluces y mediáticos, verlos siempre interesa. La Audiencia Nacional, visitada a menudo por profesionales de todos los rincones del mundo gracias al dinamismo de su Sala de lo Penal (sí, la que investiga y castiga el turbio asunto terrorista), es su campo de batalla. Y Gómez Bermúdez, conferenciante ayer en Sevilla en el marco de un foro organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, aportó al escaso público su visión y experiencia.

El malagueño, presidente del tribunal que juzgó los atentados del 11-M, trocea el fenómeno yihadista y propone retoques legales para complicarle la vida. Dos de sus ideas están ya recogidas en el anteproyecto del Gobierno que endurecerá el Código Penal: la imprescriptibilidad de los delitos más graves y una regulación más higiénica de acciones policiales extraordinarias como las intervenciones telefónicas.

Al legislador le quedaría otro par de asignaturas pendientes para estrechar el cerco. La tipificación como delito de la financiación del terrorismo y de la difusión de propaganda terrorista. En verdad no es tan sencillo. El islamismo radical es escurridizo y obliga a las Fuerzas de Seguridad a cambiar el chip respecto al modus operandi de, por ejemplo, la tristemente habitual ETA. "Internet permite la proliferación de grupos descentralizados que intercambian ideas y apenas dejan rastro", advierte. Los especialistas sudan ante las vastas posibilidades de la red. "Lo llaman el campo de entrenamiento virtual porque es también una fuente de financiación y adoctrinamiento".

Tampoco el dinero deja un reguero demasiado evidente. "Se nutren de la pequeña delincuencia (robos, hurtos), de la delincuencia organizada (tráfico de drogas), de organizaciones humanitarias e incluso de contribuciones obligatorias de origen religioso", explica Gómez Bermúdez. Son fuentes tan opacas de captación de fondos que incluso la creación del delito sería apenas un primer y precario paso.

La tarea de la Audiencia es hoy tan ardua como creativa. Ante una normativa insuficiente, el don de la flexibilidad. Y, claro, los inconvenientes inherentes al proceso: "La Policía tiene poco margen desde que detecta la existencia de una célula hasta que ésta decide actuar, por eso hay que intervenir extratemprano". La velocidad es también precariedad. "Castigan el hecho antes de que se materialice", admite. "Al tribunal le llega poca prueba y además prueba equívoca [un documento sobre la necesidad de recuperar Al Andalus puede caer en manos no sólo de un asesino sino de un profesor, un periodista o simplemente un curioso]". Luego viene la frustración social cuando las absoluciones se suceden en el tránsito de la Audiencia Nacional al Supremo. Y la sensación de que nadie está a salvo.

Ése es otro de los debates que preocupan al juez. Si EEUU optó tras el 11-S por sacrificar libertad en pos de seguridad -"justo lo que pide la mayoría, también en España, cuando pasa algo tan terrible como la matanza del 11-M"-, él defiende una vía más equilibrada. "Como ellos [los terroristas] no pueden derrotar al Estado democrático, no hay por qué concederle a nuestros gobernantes poderes exorbitantes. Esa deriva ha demostrado ser ineficaz. El alarmismo no es bueno. Y el poder del Estado es tremendo", intenta tranquilizar con un acento estándar que de cuando en cuando deja escapar las omisiones fonéticas del sur.