El concejal madrileño Guillermo Zapata declaró ayer en el juicio por ocupar el inmueble conocido como Patio Maravillas que se desvinculó de este lugar cuando le comunicaron una orden judicial de desalojo en febrero de 2015, pero negó conocer otros dos requerimientos anteriores de la propietaria.

"Cuando el abogado nos indica la orden de desalojo dejo de participar", aseguró Zapata, que con otros tres activistas del colectivo Patio Maravillas está acusado de un delito de usurpación de inmueble, por el que la Fiscalía pide una pena de 1.800 euros de multa a cada uno.

La empresa propietaria, Nivel 29, que solicitaba una multa de hasta 18.000 euros a cada uno de ellos, renunció a la acusación momento antes del inicio del juicio.