La ex cúpula del PP valenciano, con Ricardo Costa y Vicente Rambla a la cabeza, será juzgada a partir hoy en la Audiencia Nacional por la financiación irregular de actos de campañas electorales de 2007 y 2008 pagados a la trama Gürtel con dinero b obtenido de comisiones de una decena de empresarios.

Veinte acusados se sentarán en el banquillo por estos hechos -que engloban tres piezas de la rama valenciana de Gürtel-, de los que cinco fueron cargos del PP valenciano, seis son integrantes de la trama Gürtel y nueve son empresarios.

Se trata del segundo juicio de Gürtel en la Audiencia Nacional, que recientemente ha juzgado la primera época de la red (1999-2005) -pendiente de sentencia-, y del tercero a la trama, que fue condenada en Valencia por el caso Fitur tras la absolución de Costa y el ex presidente Francisco Camps por el caso de los trajes.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que entre 2003 y 2005 el Grupo Correa se expandió a Valencia para "aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes".

La Fiscalía atribuye dos delitos electorales en las municipales y autonómicas de 2007 y otro en las generales de 2008 a cuatro políticos (Costa, Rambla, David Serra y Cristina Ibáñez), seis empresarios y a cuatro responsables de Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y Cándido Herrero). A los integrantes de la trama les imputan también varios delitos fiscales, por lo que se enfrentan a las mayores penas, que oscilan entre los 17 y los 27 años y medio, que pide para El Bigotes.

El pasado febrero, los nueve empresarios acusados en esta causa pactaron con la Fiscalía, que les pedía penas de entre 4 y 6 años de cárcel, para eludir la prisión. Suscribieron con este fin un documento en el que reconocen haber financiado al PP valenciano en campañas electorales y se comprometen a reparar el daño.