Los responsables de la caja de solidaridad, abierta por la ANC y Òmnium Cultural para pagar multas judiciales al secesionismo, anunciaron que entregaron las cantidades solicitadas por el Tribunal de Cuentas para evitar el embargo de bienes a los procesados por la consulta del 9-N. En una comparecencia conjunta, el ex president Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau pusieron esta muestra de colaboración como ejemplo de la unidad necesaria en el movimiento independentista y anunciaron que recurrirán al Supremo contra la sanción.

La sala de justicia del Tribunal de Cuentas confirmó la semana pasada la condena a Mas, a tres de las colaboradoras de su equipo de gobierno y a otras seis personas más por la organización de la consulta soberanista del 9-N de 2014, y además, incrementó en 41.831 euros el dinero a pagar por gastos no contabilizados hasta ahora.

El tribunal informó el 26 de julio de que había acordado no sólo mantener las condenas impuestas al ex president y a los ex consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, sino aumentar hasta 4.946.788,16 euros la cifra a pagar por estos y otros seis condenados, 41.831,95 euros más de lo establecido por el fallo de noviembre de 2018.

Mas lamentó que el mismo tribunal que días atrás "exculpó a Ana Botella, la esposa del ex presidente del Gobierno José María Aznar", por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión en 2013 cuando era alcaldesa de Madrid, e ellos no sólo no les haya exculpado, sino que les haya condenado a "todo" lo que les "podía condenar", y encima les pida "más dinero".

Tanto Mas como Ortega y Rigau, que comparecieron en los jardines del Palau Robert de Barcelona, insistieron en agradecer a "las miles de personas" que les han ayudado" a pagar las sanciones impuestas a través de las aportaciones realizadas a la caja de solidaridad creada para los independentistas imputados en causas judiciales.