Los mensajes de Carles Puigdemont captados por una cámara indiscreta ("esto se ha terminado", "los nuestros nos ha sacrificado", "el plan Moncloa ha triunfado") revelan que ya ha tirado la toalla en su propósito de ser investido de nuevo como presidente catalán, pero la Justicia sigue atándole en corto. Hasta el ahogo.

El último jarro de agua fría judicial que ha recibido el prófugo es que su anegada candidatura permanecerá suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC) hasta que, en marzo, sea inhabilitado por el Supremo, lo que hará totalmente imposible que pretenda ser president, según han informado a Efe distintas fuentes de cada uno de los dos tribunales.

El juez del Supremo Llarena cita como imputados a Mas, Gabriel y Rovira

Según las fuentes del TC, este tribunal mantendrá la suspensión cautelar de la candidatura de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat durante el mes de marzo.

En ese mes, según fuentes del Supremo, un previsible procesamiento y orden de detención contra él por parte de este otro tribunal, podría inhabilitarlo para acceder al cargo.

Según las fuentes del primero de los dos tribunales, el Constitucional prevé admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la candidatura de Puigdemont, aunque no necesariamente por unanimidad. Y dicha admisión supondrá prolongar la medida cautelar de suspensión de la candidatura, adoptada provisionalmente por el alto tribunal el pasado día 27 de enero.

El momento para que el Constitucional tome la decisión de admitir el recurso será, en función de los trámites necesarios, en marzo, aunque este plazo podría alargarse, según estiman las citadas fuentes. Durante ese período, y por orden del TC, Puigdemont no podrá ser candidato telemático ni comparecer ante el Parlament sin permiso judicial.

Pero entre tanto, podría llegar otra decisión que allanaría el camino al TC: el magistrado Pablo Llarena podría inhabilitar a Puigdemont. El juez que investiga el procés en el Supremo, Pablo Llarena, prevé dictar autos de procesamiento, probablemente por los delitos de rebelión, en la segunda quincena de ese mes de marzo.

Los autos de procesamiento no determinarán necesariamente que Llarena finalice su instrucción (lo que sucederá cuando abra juicio oral), pero sí fijarán los delitos, cuyas penas serán superiores a los nueve años (por rebelión). Dichos autos serán firmes, muy probablemente, en la semana siguiente, a finales de marzo, cuando sean sometidos a recurso frente a la Sala del Supremo que revisa la instrucción del caso, según han confirmado fuentes del alto tribunal a Efe.

Al mismo tiempo, la orden de detención internacional para los fugados en Bélgica, empezando por Puigdemont, será inmediata y por los delitos ya sustentados en esos autos. Ello conllevará la inhabilitación para ejercer cargos públicos del ex jefe del Govern, en función de lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, aseguró ayer a su vez que "sólo se hará un debate de investidura si hay todas las garantías para Puigdemont y si esta investidura es efectiva". Además, pidió "generosidad" al independentismo para "avanzar", toda una velada sugerencia al candidato de JxCAT de que se aparte un lado.

Para acabar de pintar el cuadro, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que permanece encarcelado en la prisión de Estremera, sugirió ayer un plan B para Puigdemont, combinando una presidencia "simbólica" con otra "efectiva", mientras la CUP exigía cumplir la investidura acordada con JxCat y ERC.

Llarena ha citado además como investigados para la segunda mitad de febrero al ex president Artur Mas, a la ex portavoz de la CUP Anna Gabriel y a la dirigente de ERC Marta Rovira. Y a otras personas imputadas: Mireia Boyá (CUP), Marta Pascal (PDeCat) y Neus Joveras (Asociación de Municipios para la Independencia).