España

La corrupción sienta en el banquillo a 26 ex dirigentes del PNV alavés

  • El caso De Miguel implica a los acusados en una trama de cobro de comisiones del partido 'jeltzale'

Los acusados por el caso De Miguel, ayer, en primer término, en el inicio del juicio en la Audiencia de Álava. Los acusados por el caso De Miguel, ayer, en primer término, en el inicio del juicio en la Audiencia de Álava.

Los acusados por el caso De Miguel, ayer, en primer término, en el inicio del juicio en la Audiencia de Álava. / ADRIáN RUIZ DE HIERRO / efe

La primera sesión del juicio del caso De Miguel, en el que se investiga una presunta trama de corrupción vinculada a ex dirigentes del PNV alavés, comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Álava, en una sesión en la que la defensa del principal acusado, Alfredo de Miguel, solicitó la nulidad total del procedimiento por la "vulneración" de los derechos de su representado y por la posible "manipulación" de la grabación que propició el inicio de las investigaciones. En este proceso sobre el mayor presunto caso de corrupción de la historia en Euskadi están acusadas 26 personas, que se enfrentan a condenas que oscilan entre los siete y los 54 años de cárcel.

En la sesión de ayer, el abogado del ex número dos del PNV de Álava Alfredo de Miguel, al que el fiscal considera el "dirigente" de una presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la concesión irregular de contratos públicos, solicitó la "nulidad total" del procedimiento.

La defensa de De Miguel argumentó que en esta causa se han conculcado los derechos de su representado, entre ellos, los derechos a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Asimismo, aseguró que existen "indicios" de que la grabación de audio en la que se sustentó la denuncia que propició el inicio de las investigaciones en 2009 -en la que se acredita la petición del presunto pago de comisiones ilegales a una empresaria- pudo ser "manipulada".

El abogado de De Miguel añade que la cadena de custodia que debía mantenerse en torno al dispositivo con el que se efectuó la grabación fue "vulnerada" durante el procedimiento, por lo que considera que esta prueba está "contaminada" y carece de "credibilidad".

Por su parte, la Fiscalía propuso que se cite a un ertzaina para que acredite el mantenimiento de la cadena de custodia de la grabación, que fue obtenida por una empresaria a la que, presuntamente, se le reclamó el pago de comisiones ilegales para acceder a un contrato público en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava).

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