El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa del 9-N ha dejado al ex presidente catalán Artur Mas y a las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau a un paso del juicio, lo que ha indignado a partidos y entidades soberanistas, incluida CDC, que presentará recurso.

En un auto, el magistrado Joan Manel Abril desestima los recursos presentados por las defensas para que se archive el caso y da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que presenten sus escritos de calificación contra los imputados, tras considerar que hay indicios de que Mas, Ortega y Rigau cometieron desobediencia y prevaricación al permitir la consulta. Abril ha dado así por finalizada la instrucción del caso, dos días después de las elecciones generales y en vísperas de su cese como magistrado del TSJC, que abandonará el próximo 1 de julio para dedicarse a la docencia como catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona y seguir de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andorra.

El magistrado aprecia en el auto indicios de que Mas y las ex consejeras desobedecieron la orden del Tribunal Constitucional (TC) que suspendía la consulta soberanista del 9-N y cuestiona su argumento de que, a partir de ese momento, el proceso participativo quedó exclusivamente en manos de voluntarios. El magistrado sostiene que, "bajo la cobertura formal de la actuación del voluntariado", los investigados llevaron a cabo "actuaciones contrarias" a la providencia de suspensión dictada por el TC, y de forma "intencional y consciente" se negaron "abiertamente a dar cumplimiento al mandato" del Constitucional. La consejera de la Presidencia, Neus Munté, ha dicho que sentía "vergüenza" por el "juicio político" contra Mas y las ex consejeras por haber organizado la consulta.

Tras la reunión de hoy del Gobierno catalán, Munté ha denunciado la "intencionalidad política" de este proceso judicial, por el que, ha dicho, "todos los demócratas deberían ruborizarse". CDC ha anunciado que se presentará recurso al auto del juez del TSJC y una querella contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras publicarse sus conversaciones con el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, por las que se les acusa de fabricar casos de corrupción para desprestigiar el independentismo.

La portavoz de CDC, Marta Pascal, y el coordinador de Régimen Interno, Francesc Sánchez, han anunciado que los investigados recurrirán la apertura del juicio oral y pedirán la nulidad de un "proceso político" que consideran que está hecho para "criminalizar" desde las "altas instancias del Estado" el proceso soberanista. El grupo parlamentario de Junts pel Sí ha mostrado su "solidaridad" con Mas, Rigau y Ortega y ha expresado su "indignación" por el hecho de "pertenecer a un Estado que considera que poner urnas y consultar a los ciudadanos es delito".

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha defendido una movilización para demostrar, de manera "cívica", la "indignación" ciudadana si hay un juicio por el 9-N. El portavoz parlamentario de Ciutadans (C's), Carlos Carrizosa, ha asegurado que "no le gusta nada" que el ex presidente Mas y dos ex consejeras estén imputados por el TSJC, pero tampoco que estos "se saltaran la ley" en la consulta del 9-N. El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha admitido que está "satisfecho y contento" por ver que Mas y dos ex consejeras tendrán que "sentarse en el banquillo de un juzgado" por "ir de chulos" con la consulta del 9-N, por la que ahora "pagarán las consecuencias".