El ex consejero del Gobierno madrileño Francisco Granados y su amigo y socio David Marjaliza han dormido esta noche en la cárcel de Soto del Real. El juez Eloy Velasco sostiene que ambos eran cabecillas de la "organización criminal" destapada en la operación Púnica.

El juez Eloy Velasco ordenó prisión incondicional tras interrogarlos ayer por la mañana. Granados compareció en la Audiencia Nacional durante unas dos horas tras declarar la madrugada del viernes ante la juez de guardia de Majadahonda por una denuncia de detención ilegal que presentó el jueves pr la noche y que fue desestimada, lo mismo que ocurrió con Marjaliza.

El ex secretario general del PP de Madrid respondió a las preguntas de la fiscal Anticorrupción y el juez, quien, tras escucharle, le envió a prisión sin posibilidad de fianza imputado por siete delitos de corrupción y uno de pertenencia a organización criminal.

Velasco afirma que en la investigación se han identificado varias operaciones inmobiliarias que podrían haber sido en realidad una contraprestación a Granados por parte de empresarios que recibieron adjudicaciones gracias a su mediación. Reseña que el antiguo dirigente popular es titular de "algunas de las cuentas" en un banco suizo que las autoridades helvéticas entendieron sospechosas de blanqueo de capitales "agravado".

El juez añade que hay indicios de que, a lo largo de su carrera pública, Granados podría haber beneficiado a Marjaliza y otros empresarios, como el imputado José Luis Huerta (de la empresa Waiter Music), en materia de contratación pública y urbanismo.

El juez también mandó a prisión a Marjaliza, considerado por el magistrado como la "cabeza de un amplio entramado empresarial núcleo de una organización criminal", así como "centro" de una "amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades".

El magistrado también tomó ayer declaración a otros tres detenidos: el guardia civil que avisó a Granados de que estaba siendo investigado y dos empresarios. El agente es José Manuel Rodríguez Talamina, que "puso en grave riesgo la investigación y ha dificultado severamente la marcha de la misma" al filtrar información a Granados y Marjaliza sobre la instalación de una cámara de vigilancia en una de sus empresas, apunta el juez.

A los dos empresarios, Víctor Manuel Ortega Martínez y Manuel Casado del Castillo, los puso en libertad con fianza de 6.000 euros por haber actuado de interlocutores entre miembros del Ayuntamiento de Collado Villalba y la empresa Cofely, que pagó comisiones por adjudicaciones en este municipio.

El juez concluyó así la toma de declaración de 32 detenidos, de los cuales ha mandado a siete a prisión sin posibilidad de fianza, a otros trece a prisión eludible bajo fianza, mientras que ha dictado libertad bajo fianza a cuatro y ha dejado en libertad con cargos a otros ocho.

Además de Granados y Marjaliza, han ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real sin fianza el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP); el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), uno de los supuestos cabecillas de la red y conseguidor de contratos públicos, Alejandro de Pedro; la mano derecha de Marjaliza, Ana María Ramírez, y un directivo de Cofely, Pedro García.

De los diez detenidos que permanecían en prisión eludible con fianza, ayer salieron ocho de ellos, de manera que sólo quedan en la cárcel el empresario José Luis Huerta (300.000 euros de fianza) y el jefe de gabinete de la alcaldía de Parla Antonio Borrego (60.000).