El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria ha decidido encausar a 26 personas por la presunta trama de corrupción creada "en torno" al ex número dos del PNV de Álava Alfredo de Miguel y a otros antiguos dirigentes y cargos institucionales del partido jeltzale, cuyo objetivo estaría dirigido a la obtención de contratos públicos de forma "irregular" y al cobro de comisiones presuntamente ilegales.

Este auto abre la vía para la apertura del juicio oral en torno al llamado caso De Miguel, destapado en 2010, y por el que también han sido procesados otros antiguos dirigentes del PNV de Álava, como Aitor Telleria, Luis Felipe Ochandiano y excargos institucionales como el viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, el exgerente del Parque de Miñano Alfonso Arriola o el antiguo presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría. En su auto, Ramos encausa a 26 de las 28 personas inicialmente imputadas en este proceso, la mayoría de ellas vinculadas o pertenecientes al PNV en la época de los hechos investigados. El juez decreta el sobreseimiento provisional y archivo para Pablo Larrabide y para Asier Arzalluz.

El juez considera presuntos responsables penales por las distintas ramas investigadas en este caso a María Justina Ángulo , Alfonso Arriola, Estíbaliz Aruti, Jesús José Arruti, Jesús Arruti, Araceli Bajo, Miren Bilbao, Ainhoa Bilbao, Placido Casas, Aintzane De Miguel, Alfredo de Miguel, Jon Iñaki Echaburu, Gorka Errasti, Francesc Fernández, Sergio Fernández, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Prudencio Hierro, Gurutz Larrañaga, Josu Montes, Luis Felipe Ochandiano, Joaquin Sabater, Iñaki San Juan, Julián Sánchez Alegria, Javier Sánchez Robles, Aitor Telleria y Ramón Riba.

Ramos aprecia indicios sobre la presunta comisión de delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público y/o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas. En el auto se indica que "ha quedado indiciariamente acreditado y en grado de probabilidad la existencia de una trama organizada en torno a Alfredo De Miguel, quien, contando con la ayuda o colaboración de otros imputados, alguno de los cuales tenía u ostentaba responsabilidades políticas y/o administrativas, lideró un entramado societario" con diversos objetivos supuestamente delictivos.

 Entre dichos objetivos, se encontraría el de "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV".

Asimismo, la supuesta trama trataría de "solicitar y/u obtener el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos", así como "solicitar y/u obtener el pago de cantidades dinerarias en base a negocios jurídicos o contratos simulados".

El juez señala que estas actividades "se llevaron a cabo actuando de común acuerdo, en conjunto o en colaboración con otros imputados, caracterizándose por la extensa relación de personas, tanto con cargos o responsabilidades públicas, como sin ellos, que participaron en la estrategia diseñada, así como por las diversas entidades públicas afectadas por las conductas investigadas".

La actividad de esta supuesta trama se divide en numerosas ramificaciones, que han sido analizadas de forma independiente por el juez. Una de ellas es la que afecta a la adjudicación de contratos y servicios por parte del Parque Tecnológico de Álava. En el auto se indica que el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País vasco, Julián Sánchez Alegría, adjudicó de forma directa, "sin darse cumplimiento los principios de publicidad y concurrencia", un contrato de 600.000 euros a la empresa Urbanorma, propiedad de Ainhoa Alberdi, por "recomendación" de Alfredo de Miguel. Por esta adjudicación, De Miguel reclamó a Alberdi -que posteriormente fue quien destapó la trama con su denuncia- el pago de alrededor de 100.000 euros en concepto de comisión, a través de la entidad mercantil Kataia Consulting.

Esta sociedad era, según el auto, "una empresa pantalla creada para canalizar el cobro de diversas comisiones derivadas de empresas que contratan con las administraciones públicas y/u obtener contratos o adjudicaciones de diversos entes públicos por lo que cobrar determinadas cantidades sin efectuar a cambio ningún trabajo". Alberdi se negó a pagar, motivo por el que el auto explica que De Miguel la "apartó" de una adjudicación posterior como "represalia".

El auto también relata las presuntas irregularidades en la tramitación del expediente para la modificación del planeamiento del Ayuntamiento alavés de Zambrana para la creación de suelo industrial. Según se indica, esta modificación propuesta por el Ayuntamiento -gobernado por el PNV- era contraria a los instrumentos de ordenación de Álava. Sin embargo, el juez detalla que, en su tramitación, los directores forales de Equilibrio Territorial y Administración local, Iñaki Nafarrate e Izaskun Martínez de la Hidalga, ambos nombrados por Alfredo de Miguel, "forzaron" el voto para que el proyecto siguiera adelante, gracias al apoyo de "representantes de instituciones o departamentos gobernados por el PNV", y obedeciendo a criterios "políticos o a otros intereses".

Según explica, para la creación del polígono industrial de Zambrana se han constatado la existencia de "relaciones comerciales o mercantiles" entre diferentes empresas para el pago de diferentes cantidades de dinero, que "en la mayoría de los casos podrían tratarse o supuestamente enmascaraban el pago de comisiones abonadas por empresas "creadas por la trama específicamente para ello".

Otra de las ramificaciones de este complejo caso es el de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Departamento de Cultura del Gobierno vasco a las firmas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. Estas adjudicaciones se realizaron entre 2006 y 2008 y su cuantía global superó los 300.000 euros.

Estos contratos se adjudicaron a propuesta del entonces director de Juventud, Javier Sánchez, y bajo el mandato de Gurutz Larrañaga como viceconsejero de Cultura. El juez señala que buena parte de estos contratos fueron pagados por el Gobierno vasco pese a que las empresas no presentaron "ni memoria ni justificación documental" de que los trabajos se habían realizado. En algunos casos, además, se indica que pudo vulnerarse la ley por fraccionar los pagos para poder adjudicar directamente los contratos sin exceder el límite económico que obliga a convocar concurso público. El juez concluye que Sánchez Robles "se sirvió de su cargo" para "favorecer" a las empresas citadas y que Larrañaga, como viceconsejero, "incurrió en una falta de control" sobre la actividad del director de Juventud.

El caso de Miguel también presenta presuntas ilegalidades en el territorio de Vizcaya. Una de ellas es el supuesto pago de una comisión por parte de la empresa Riera, a través de la sociedad Enginergy, a De Miguel, su esposa, Telleria y a otros encausados. La comisión se habría pagado mediante "un presunto contrato privado de préstamo" por valor de 283.500 euros para la adquisición de unos terrenos en Fruniz. Por todo ello, el juez instructor acuerda seguir las diligencias previas por esta causa. Las partes disponen de 20 días para pedir la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. El auto puede ser recurrido en reforma o apelación.