España, en el punto de mira de la OTAN a los 40 años del referéndum

Cuando se cumplen 40 años del referéndum en España para decidir sobre la permanencia en la OTAN, el debate sobre la Alianza Atlántica sigue vigente y ha colocado a España en el centro de una nueva controversia internacional, con el presidente estadounidense, Donald Trump, exigiendo un incremento sustancial del gasto en defensa que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza categóricamente.

La crisis se ha agravado por la postura del Gobierno español contraria a la guerra contra Irán, que ha llevado a Madrid a negar a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), para llevar a cabo operaciones militares contra ese país. Esta decisión ha provocado que Trump vuelva a situar al Ejecutivo español en el punto de mira de sus críticas y amenazas, tanto políticas como económicas.

El pulso entre España y Washington no es nuevo. Desde la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio de 2025, el Gobierno español mantiene su negativa a alcanzar el 5% del PIB en gasto militar solicitado por la Alianza, y defiende su compromiso de limitarlo al 2,1% por razones de sostenibilidad fiscal y para preservar el gasto social. Esta posición ha generado fricciones constantes con la administración Trump y con el liderazgo de la organización transatlántica.

Las amenazas de Trump a España por el gasto militar

Trump ya amenazó durante la cumbre de La Haya con imponer aranceles comerciales a España e incluso sugirió que el país no juega en equipo dentro de la OTAN, cuestionando públicamente su continuidad en el esquema de seguridad si no cumple con las exigencias de alcanzar el 5% del PIB en inversión militar. Alineado con las tesis de Washington, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también considera que la inversión del 2% a la que España se comprometió inicialmente no resulta suficiente para enfrentar las amenazas de seguridad actuales.

Un objetivo, el del 2%, que España ha alcanzado ya este año con una inversión adicional de 10.471 millones de euros comprometidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Sin embargo, cumplir con las exigencias de los aliados y llegar al 5% significaría duplicar el presupuesto actual en Defensa, algo que el Gobierno considera inasumible sin comprometer seriamente otras partidas presupuestarias esenciales.

Frente a las presiones internacionales, el Gobierno español se mantiene firme en su postura, que intenta defender con el argumento de que la contribución española a la Alianza Atlántica no debe medirse exclusivamente en euros, sino en capacidades militares desplegadas, en su participación activa en misiones internacionales y en la importancia estratégica de bases militares como Rota y Morón para la seguridad colectiva occidental.

El veto español a las bases para atacar Irán

Precisamente, la negativa del Ejecutivo español a autorizar la utilización por parte de Estados Unidos de esas bases estratégicas para llevar a cabo ataques contra Irán ha vuelto a desatar la ira de Trump, que ha elevado considerablemente el tono de sus amenazas tanto en el plano político como económico. El mandatario estadounidense ha llegado incluso a plantear la posibilidad de imponer un embargo comercial contra España.

El presidente estadounidense ha calificado a España de "socio terrible" de la OTAN y, en referencia directa a la negativa española sobre las bases militares, ha llegado a afirmar que "podrían usarlas si quisieran", insinuando que Washington podría actuar unilateralmente. Además, Trump ha sostenido que Madrid no ha sido "amistoso" y que "España no tiene absolutamente nada" que necesite Estados Unidos, salvo "gente estupenda", aunque, a su juicio, "les falta un gran liderazgo".

Desde el Ejecutivo español se ha defendido que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, pero que no puede compartir ni respaldar operaciones militares que no respeten el ordenamiento jurídico internacional ni los mecanismos multilaterales de resolución de conflictos establecidos por Naciones Unidas.

España se desmarca del objetivo del 5% del PIB

Este nuevo frente abierto por la postura de España frente a las operaciones militares en Irán, que ha llevado a Pedro Sánchez a desempolvar el histórico lema del No a la guerra, ha aumentado la tensión preexistente relacionada con el gasto en defensa. En la cumbre de La Haya, los países aliados acordaron elevar el objetivo de inversión hasta el 5% del PIB para 2035, una cifra impulsada directamente por Estados Unidos y respaldada por la mayoría de los miembros de la Alianza Atlántica.

España, sin embargo, se desmarcó públicamente de ese compromiso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que el país puede cumplir perfectamente con los objetivos de capacidades militares pactados con la OTAN con una inversión del 2,1% del PIB, sin necesidad de comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni las políticas sociales.

El Ejecutivo español sostuvo que el objetivo del 5% era desproporcionado e innecesario para las necesidades reales de defensa de España, argumentando que existen otros factores además del volumen presupuestario que determinan la capacidad defensiva efectiva de un país, como la modernización tecnológica, la profesionalización de las fuerzas armadas y la cooperación internacional.

Respaldo ciudadano a la postura del Gobierno

Esta postura del Gobierno cuenta con el respaldo de una amplia mayoría de los ciudadanos, según reveló el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de julio, el último en el que se preguntó específicamente por esta cuestión. Así, un 54,9% de los encuestados se mostraba de acuerdo con la decisión de Sánchez de no incrementar el gasto militar al 5% del PIB.

Prácticamente el mismo porcentaje, un 57,5%, consideraba que España no debe acatar la exigencia de Trump, si bien un 34,7% pensaba que sí debería hacerlo. La encuesta revelaba además que un 58,4% de los españoles creían que cada partido político debe defender lo que considere oportuno en esta materia, mientras que el 34,6% se mostraba a favor de que todas las fuerzas políticas secundasen la decisión adoptada por Sánchez.

A la pregunta de "si sabe que destinar el 5% del PIB a gastos en defensa implicaría un fuerte aumento de impuestos y/o una importante reducción de los salarios y del gasto social", una amplia mayoría del 72,8% contestaba afirmativamente, en tanto que sólo el 18,9% desconocía estas implicaciones económicas y sociales. Estos datos reflejan que la ciudadanía española es consciente de las consecuencias presupuestarias que tendría acceder a las demandas estadounidenses.

La evolución del gasto en defensa español

El debate actual sobre el porcentaje que España debe invertir en defensa se enmarca en un contexto de desfase acumulado durante décadas. La evolución del presupuesto refleja un aumento progresivo desde niveles cercanos al 0,9% del PIB a mediados de la década de 2010 hasta alcanzar el 2% en 2025, con una aceleración notable a partir de 2022, coincidiendo con el inicio de la guerra en Ucrania.

Cuando Sánchez llegó al Gobierno en 2018, el gasto en defensa apenas llegaba al 0,92% del PIB, situándose en torno a 11.172 millones de euros. Un año después, en 2019, se mantuvo prácticamente igual, mientras que en 2020 aumentó hasta el 1,17%, según estimaciones de la OTAN, con un presupuesto de 12.293 millones de euros.

En los años siguientes continuó el incremento gradual: en 2022 el presupuesto ascendió oficialmente a 11.189 millones de euros, aunque la OTAN lo elevó a 13.203 millones y otras estimaciones lo situaron por encima de 19.000 millones incluyendo otros conceptos relacionados con la defensa. El repunte se intensificó significativamente desde 2022, coincidiendo con el cambio en el escenario de seguridad europeo.

En 2023, el gasto alcanzó 15.157 millones de euros, alrededor del 1,4% del PIB. En 2024, la OTAN estimó que España destinaría 15.958 millones de euros, equivalente al 1,28% del PIB, frente a 14.597 millones el año anterior. Para 2025, las estimaciones de la organización transatlántica sitúan el gasto en el 2% del PIB, con 33.123 millones de euros, lo que supondría el cumplimiento por primera vez del objetivo acordado en la cumbre de Gales de 2014.

En conjunto, el gasto ha crecido un 196% desde 2018 hasta situarse cerca de 34.000 millones de euros, un esfuerzo presupuestario que, según el Gobierno español, sitúa a España como el cuarto país de la OTAN que más ha incrementado su presupuesto en defensa durante este periodo, demostrando así su compromiso con la seguridad colectiva de la Alianza.