Un juez italiano confirmó ayer la confiscación del barco de la ONG española Proactiva Open Arms, que fue amenazado la semana pasada por la guardia costera libia por negarse a entregar a los 216 migrantes que llevaba a bordo, pero retiró los cargos más graves contra la organización. El juez Nunzio Sarpietro dictaminó que el barco debe permanecer bloqueado en el puerto siciliano de Pozzallo. No obstante, la ONG será investigada únicamente por la acusación de fomento de la inmigración ilegal, pero no por la de asociación criminal, comunicó el juez de instrucción de Catania, que transfirió el caso de esta c iudad, cuya Fiscalía es más grande y se ocupa de crímenes más graves, a Ragusa, otra ciudad siciliana.

Asimismo, el director de la ONG, Óscar Camps, denunció ayer en el Parlamento Europeo la "criminalización" que sufren las ONG dedicadas al rescate de personas en el Mediterráneo y consideró "muy grave" que Italia pidiera la entrega de los inmigrantes rescatados a guardacostas libios. Camps, que participó en un debate de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, señaló que desde 2016 se lanzó una campaña para desacreditar a las ONG que operan en el mar, que ha acabado reduciendo progresivamente el número de barcos humanitarios en la zona, pasando de 11 en 2016 a uno en 2018. "Primero fueron campañas contra las ONG, luego se pasó a la actuación militar, a las amenazas, a los disparos y a los secuestros. Ahora ya estamos encausados directamente por estar en el Mediterráneo y ser testigos de lo que vemos allí cada día", manifestó.