Los jueces han elevado hoy el tono de sus protestas contra el Gobierno en demanda de más medios personales y materiales para la Administración de Justicia y han comenzado a hablar abiertamente de la posibilidad de ir a la huelga, medida controvertida y sin precedentes en este colectivo.

Según han informado algunos de los participantes en ellas, muchas de las juntas de jueces que se han celebrando hoy en toda España han acordado volver a reunirse el próximo 21 de enero para decidir si van a la huelga, mientras que otras -como las de Murcia o Extremadura- han aprobado directamente la convocatoria de un paro laboral para el próximo 18 de febrero. La forma que, de llevarse finalmente a cabo, adoptaría esa huelga no está clara, pero algunas juntas, como la de Zamora, han acordado "proponer a las asociaciones (judiciales) la convocatoria de un paro de tres horas".

El derecho de huelga de los jueces no está regulado en España, donde nunca se ha dado una protesta de este tipo, como ha admitido hoy mismo la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, que ha dicho que "no está ni reconocido ni prohibido. No está previsto", para añadir luego que, en su opinión, los miembros de la carrera judicial no tienen derecho de huelga.

El Ministerio de Justicia ha declinado valorar los acuerdos de las juntas referidos a este punto por entender que, precisamente, es competencia exclusiva del CGPJ, cuya portavoz ha anunciado que, cuando reciba las actas de las juntas, se adoptarán "las medidas que correspondan" sobre los acuerdos "que no cumplan los requisitos legales o (...) que puedan infringir algún precepto legal".

Ésta no es, sin embargo, la medida que puede tener un mayor efecto en el servicio al ciudadano: en Madrid y Las Palmas, por ejemplo, se ha decidido que sólo se repartirán asuntos hasta el número límite que marquen los "módulos de entrada" -carga máxima de trabajo que razonablemente debe soportar un juez en su jornada ordinaria- fijados por el CGPJ.

La junta de jueces de Madrid ha acordado asimismo dirigirse "al relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas" para darle cuenta de la situación de la Justicia en España, "especialmente en lo relacionado con la independencia de su órgano de gobierno y la insuficiente dotación de medios personales y materiales", según el acta. Al contrario de lo que sucedió con las del mes pasado, las juntas de jueces han tenido hoy una incidencia mínima en la actividad de los tribunales, fundamentalmente porque los viernes no suele haber señalamientos de juicios.

Además, esta vez no han coincidido con las movilizaciones de los secretarios judiciales, que tenían previsto celebrar asambleas informativas para debatir cómo les afectan las reformas procesales que planea el Gobierno pero que, ante la denegación de la autorización por parte del Ministerio de Justicia, han optado por desconvocarlas.

El argumento esgrimido por Justicia de que, en los términos en los que estaban convocadas las asambleas -en las sedes judiciales y en horario laboral-, no se podía garantizar el servicio público no ha convencido ni al Consejo Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) ni a la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) Ambas asociaciones han reaccionado acusando al Ministerio de vulnerar su derecho de reunión y anunciando un recurso ante los tribunales como el que pusieron -y ganaron- el pasado 21 de octubre contra los servicios mínimos fijados por Justicia ante su paro de tres horas.

También han dicho que estudiarán nuevas medidas de presión: "Ante esta nueva agresión, hay que hacer algo", ha declarado a Efe el portavoz del CNSJ, Rafael Lara, que ha añadido: "si es necesario hacer huelga, la haremos, pero de momento no hemos tomado esa decisión, lo valoraremos durante la próxima semana y lo anunciaremos". Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha señalado en un comunicado que, a pesar de no haber autorizado las asambleas, su postura hacia los secretarios judiciales es "de diálogo y entendimiento".