El Pleno del Congreso de los Diputados ha estado reunido 463 horas, 245 de ellas dedicadas al control al Gobierno durante 2014, un año en el que las Cortes Generales aprobaron 50 leyes y el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, intervino 81 veces ante el Parlamento.

Según un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al que tuvo acceso Efe, el Gobierno envió el pasado año al Parlamento 49 proyectos de ley y otros 15 reales decretos leyes, de los que quedaron aprobados durante el pasado ejercicio medio centenar.

Además, a lo largo de 2014 Rajoy compareció en cinco ocasiones ante el Pleno. Entre ellas destaca el tradicional debate del Estado de la Nación en febrero, el debate sobre las medidas contra la corrupción en noviembre, la propuesta de consulta soberanista en Cataluña en abril o la defensa de la ley de abdicación del rey Juan Carlos, que permitió la sucesión en la Corona en junio.

En el control parlamentario al Gobierno, Rajoy respondió a 54 preguntas de los grupos de la oposición en el Congreso y a otras 21 en el Senado, y defendió tres proyectos de ley, dos de lucha contra la corrupción -control financiero de los partidos y ejercicio de alto cargo, ambos en tramitación- y la ley de abdicación.

Sus ministros comparecieron 172 veces en ambas Cámaras y contestaron a 567 preguntas orales y otras 112 interpelaciones.

En cuanto al control por escrito, en el que los parlamentarios reclaman al Gobierno datos e informaciones sobre los asuntos de su competencia, el Ejecutivo recibió en los últimos doce meses 47.376 preguntas y contestó en ese periodo 60.538, un número superior a las recibidas en 2014.

La media de retraso a la hora de contestar a los diputados es de algo más de 12,6 días, mientras que, por el contrario, en el Senado las respuestas llegan con una media de 4,6 días de adelanto. Según el Ejecutivo, se trata de unos plazos de respuesta muy inferiores a los de anteriores legislaturas.

Asimismo, el Congreso celebró 31 sesiones plenarias, en las que debatió 34 proposiciones no de ley y aprobó 17.

En comisión, el número de proposiciones no de ley debatidas llegó a las 267 y se aprobaron 107, mientras que al Pleno llegaron 59 mociones y se dio luz verde a nueve.

Trabajo parlamentario intenso también en el Senado, donde se debatieron 48 mociones en Pleno, de las que se aprobaron 34.

Las comisiones de la Cámara Alta aprobaron 30 mociones de las 92 debatidas, mientras que el Pleno sólo dio luz verde a cuatro mociones consecuencia de interpelación de las 44 que llegaron a debatirse en todo 2014.

Más allá del balance del pasado año, para este 2015 el Congreso y el Senado se enfrentan a un año muy complicado desde el punto de vista legislativo.

El calendario electoral de los comicios municipales y autonómicos de mayo, el parón veraniego y las elecciones generales previstas para final de año no dejan demasiado espacio para sacar leyes adelante.

De hecho, el PP está acelerando todo lo posible la tramitación de los dos proyectos contra la corrupción para que puedan ser remitidos al Senado este mismo enero y puedan entrar en vigor en pocos meses.

Otra de las reformas que tendrán que apretar los plazos será la del Código Penal, que estuvo estancada en el Congreso durante más de un año y que ahora se encuentra en el debate de las enmiendas parciales en comisión.

También tendrá que aprobarse en el Consejo de Ministros la anunciada reforma de la ley del aborto en los términos anunciados por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que se limitará al consentimiento de los padres para que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en fase de anteproyecto, también debería llegar al Congreso en breves fechas.

El Gobierno pretende acelerar la investigación de los casos de corrupción para evitar una posible sensación de impunidad.

Esta reforma permitirá al Ministerio del Interior decidir por razones de urgencia la intervención de las comunicaciones en la investigación de delitos de especial gravedad, sin pedir autorización previa.