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El fiscal pide mayores penas a condenados de Gürtel por "saquear las arcas públicas"

  • Javier Zaragoza solicita al Supremo que confirme las sentencias del TSJCV para los cabecillas de la trama

Magistrados del Supremo revisando ayer la sentencia del TSJCV sobre Gürtel. Magistrados del Supremo revisando ayer la sentencia del TSJCV sobre Gürtel.

Magistrados del Supremo revisando ayer la sentencia del TSJCV sobre Gürtel. / Ballesteros / Efe

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El fiscal Javier Zaragoza pidió ayer al Tribunal Supremo que rechace los recursos de los once condenados en la pieza de Fitur del caso Gürtel y eleve las penas a cuatro, entre ellos tres ex altos cargos de la Consellería de Turismo de Valencia, por integrar una "trama que se dedicó a saquear las arcas públicas".

El Supremo ha revisado los recursos de Correa, de los números 2 y 3 de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes -todos ellos en prisión-, y otros ocho condenados entre los que se encuentra la ex consellera de Turismo Milagrosa Martínez, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que les impuso penas de entre tres y trece años de prisión.

El fiscal pide que el alto tribunal confirme las penas de 13 años de prisión para el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y para su número dos, Pablo Crespo, y de 12 para el número tres, El Bigotes, así como de nueve para Milagrosa Martínez.

También las de seis años de cárcel para la ex administradora de empresas de Gürtel Isabel Jordán, cuatro para el ex gerente de Orange Market, filial valenciana de la red, Cándido Herrero, y tres para la ex alto cargo de la citada Consellería Ana Grau.

Sin embargo estima que hay que elevar las penas de otros tres ex altos cargos de la Consellería, Isaac Vidal, de siete a nueve años de prisión; el ex jefe de gabinete de la ex consellera Rafael Betoret, de seis a siete, y Jorge Guarro, de cuatro a seis, así como para la ex empleada de empresas de Gürtel Mónica Magariños, de tres a cuatro.

El fiscal explicó que son las penas que corresponden de una forma más ajustada a la malversación que cometieron en función de la cantidad defraudada y el daño causado a la Administración.

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