España tiene un problema. O varios alrededor del mismo concepto, que bien podría llamarse suelo, o vivienda, o ladrillo. Cuando el presidente Zapatero diseñó su Gobierno, allá en la prehistoria de 2004, tuvo una idea de ésas que cuesta desligar del tufo estrictamente publicitario: crearía un Ministerio de Vivienda para afrontar el que los españoles consideraban uno de sus tres grandes miedos. Como con ETA, como con el Estatut, como con Ségolène, el leonés -ojos azules, mirada sincera- se encomendó al poder de su varita mágica, que es una bonita forma de hablar de la improvisación que le caracteriza.

Para borrar el pesimismo nacional, Zapatero confió en María Antonia Trujillo, la cuota política del califato extremeño en el Ejecutivo de Madrid. No completó la legislatura. A nadie, ni siquiera al PSOE, le extrañó. Ésta fue la mujer que promocionó como remedio definitivo los pisos de 25 metros cuadrados y las zapatillas deportivas con las que hordas y hordas de jóvenes debían iniciar la carrera hacia su propia casa. Para el tramo final del mandato, el jefe prefirió a Carme Chacón, catalana, montillista, jovencita, pizpireta. La ministra ha tenido poco tiempo para demostrar si tiene habilidades, pero ha procurado moverse -correcciones al Plan de Vivienda 2005-2008; expansión de ayudas; nuevas promesas- y sepultar el recuerdo más bien áspero de su predecesora con la fórmula preferida por su president-maestro: la discreción.

La oposición se ha frotado las manos con esta tentativa utópica, cantera inagotable de críticas, blanco terriblemente fácil. Pablo Matos, portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, sostiene que la situación se ha agravado. "Las causas son fáciles de identificar: el incesante incremento de los precios -un 41,5 por ciento desde marzo de 2004 hasta septiembre de 2007-; la subida de los tipos de interés y la incapacidad de los socialistas para dar respuesta al fenómeno". Matos habla asimismo de la tranquilidad de espíritu que vive su partido. Dice que las comparaciones entre comunidades de uno u otro signo les dan la razón. Habla de Madrid (PP) y Andalucía (PSOE), donde la escalada media de precios desde 2004 ha sido respectivamente del 30,8 por ciento y del 48,6 por ciento. "¡Dieciocho puntos más!", exclama. Tira también de las VPO para proclamar su ventaja: 38,3 viviendas protegidas levantadas en Madrid por cada 10.000 habitantes frente a las 19,5 de Andalucía o las 10,6 de Cataluña.

Éste es el bagaje según la lente popular. "Y la indignación ciudadana se multiplica cuando una ministra se planta en la escalinata del Palacio de La Moncloa y anuncia a bombo y platillo que estrenará un Plan de Emancipación que resulta que es una medida vigente desde 2004", rememora el diputado Matos.

Otra óptica ácida pero a la vez diversa por su componente autonomista es la de CiU. El especialista en la materia, Jordi Jané, considera que se trata de un "ministerio improvisado y efectista con el que se ha querido buscar un titular en un tema grave". "El Gobierno ha llevado a cabo una auténtica actuación de escaparate", se queja. Tras sus palabras se adivina un trasfondo competencial, ya que las comunidades cuentan con importantes atributos respecto al suelo y las políticas de promoción de vivienda. "Es que es cierto -concede el parlamentario nacionalista-, las competencias y la capacidad de conceder subvenciones son nuestras".

Jané acepta echar la vista atrás y mojarse sobre las dos ministras. "Indudablemente, Trujillo lo tuvo mucho más difícil porque partía de cero y debía crear la estructura de todo un ministerio". "Pero lo de Chacón es otra cosa: ella conoce el marco legal y se salta lo dispuesto en el Estatut [que otorga amplios poderes a la Generalitat en este terreno]. Y lo más grave es que ella no es del PSOE, sino del PSC", protesta.

Amante del descenso al detalle, Jané expone su ejemplo favorito del fiasco: la Sociedad Pública del Alquiler, que ha logrado suscribir la ridícula cifra de 4.000 contratos en toda España. "¿Y sabe lo que ha costado este organismo?".

Soluciones contra la duplicidad administrativa. "El Estado puede legislar sobre desahucios, alquileres, ventajas societarias y fiscales para rehabilitar, agilización de las políticas hipotecarias... pero la práctica corresponde a las CCAA". Jané se cargaría el ministerio. El PP no sabe ni contesta. Chacón pagaría por conservarlo.