El Consejo de Ministros derogará "con carácter urgente" el próximo viernes el real decreto que regula la conducción de agua desde Tarragona a Barcelona si se confirma que la situación de excepcionalidad que motivó su aprobación ha finalizado. Lo confirmó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también anunció que la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se reunirá "de inmediato" con representantes de la Generalitat para fijar definitivamente los criterios oportunos sobre el minitrasvase.

Espinosa ha presentado un informe al Consejo de Ministros sobre la situación de la sequía en Cataluña. Este informe, según De la Vega, subraya que "en poco más de mes y medio" la situación ha cambiado, ya que ha empezado a llover, por lo que "creemos que las razones para la emergencia han llegado ya a su fin".

El real decreto, aprobado hace 45 días, recogía medidas excepcionales y urgentes para el suministro de agua a Barcelona, cuyos ciudadanos podían llegar a no disponer de agua para beber en el mes de octubre. De la Vega insistió en que en el momento que se acuerde formalmente la desaparición de las causas que determinaron la declaración de emergencia para llevar a cabo las obras, se procederá a rescindir el contrato de adjudicación de las mismas con las empresas correspondientes. Para ello, se iniciarán las conversaciones la próxima semana, dijo en Madrid.

La vicepresidenta explicó que una vez desaparecida la situación de emergencia, el propio decreto prevé un mecanismo de cese o "autoderogación" mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, el mismo órgano que aprobó la emergencia. Respecto a los objetivos de la Generalitat, "los conoceremos y en lo que sea objeto de nuestra competencia, cooperaremos, pero es una cuestión diferente" de la que se aborda en el decreto, advirtió De la Vega.

Preguntada sobre una moción aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza en la que se pide al Gobierno que acelere el proceso de llevar agua desde el embalse de La Loteta a la ciudad, De la Vega explicó que el Gobierno "actúa siempre con los mismos criterios cuando se producen las mismas situaciones". La vicepresidenta aseguró que la situación que plantea la moción "hoy por hoy no la tenemos calificada de emergencia" e insistió en que el Gobierno ha actuado y actuará con el mismo criterio de igualdad para garantizar el abastecimiento humano a todos los ciudadanos.

Con el Gobierno central coincide el presidente de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, quien opina que las lluvias de los últimos días y las desalinizadoras previstas en El Prat de Llobregat (Barcelona) y Cunit (Tarragona) harán que el trasvase del Ebro hasta Barcelona no sea necesario "ni ahora ni en el futuro". Carod indica en su blog que las lluvias han "alejado de forma casi definitiva la sequía y, por tanto, las medidas excepcionales que el Gobierno había anunciado se podrán revisar", al tiempo que opina que es una "buena noticia" que "no sea necesario sacar ni una gota del Ebro".

El grupo parlamentario de CiU defenderá el martes en el Congreso una moción, consecuencia de una interpelación urgente debatida la semana pasada, que propone la creación, antes del 31 de julio, de una comisión técnica para estudiar y analizar el trasvase del río Ródano con el objetivo de que se emita un informe al respecto en el plazo de seis meses.

Esta iniciativa, de la que se hará cargo el portavoz adjunto de CiU en la Cámara Baja, Pere Macias, recoge el compromiso adquirido por el Gobierno de evaluar la alternativa del trasvase del Ródano, si bien sin un calendario concreto. La comisión estaría formada por miembros de la Administración central y la Generalitat.