La orden de detención europea reactivada el viernes pasado por la Justicia española contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont simplifica y acelera la entrega de un sospechoso o condenado entre dos países miembros de la Unión Europea (UE). Las autoridades judiciales cooperan de forma directa y no es necesario el proceso diplomático que tiene lugar en los casos de extradición tradicionales. Las decisiones las adoptan, por tanto, exclusivamente las autoridades judiciales, sin influencia política.

Para 32 categorías de delitos graves no se exige que el acto sea considerado delito en ambos países. El único requisito en esos casos es que esté castigado con penas privativas de libertad de al menos tres años en el país de expedición. El ex presidente de la Generalitat está procesado por la Justicia española por rebelión y malversación. En las 32 categorías de delitos graves contemplados por la orden de detención europea no se incluye la rebelión. Sí que está incluida la corrupción.

Un país puede negarse a entregar a la persona reclamada en los siguientes casos: si ya ha sido juzgada por el mismo delito en un Estado de la UE, si se trata de un menor o si el delito que se le atribuye está cubierto por una aministía en el país en que se encuentra. Otro motivo es que el delito no esté tipificado en el país en el que se detiene a la persona.

Una vez que el afectado es detenido, la Justicia del país en que se encuentra decide si debe permanecer arrestada hasta que se tome una decisión sobre su entrega.

Si la persona buscada acepta ser entregada al país que la reclama, la decisión al respecto tendrá que tomarse en el plazo de diez días. Si no lo acepta, podrá ser escuchada por la Justicia del país en el que se encuentra y la decisión se tomará en un máximo de 60 días.

La orden de detención europea se aplica desde enero de 2004 entre los países miembros de la UE, como es el caso de España y Alemania, donde ayer fue detenido Puigdemont tras cruzar la frontera desde Dinamarca.