Los comportamientos racistas del personal sanitario con los inmigrantes irregulares son cada vez más frecuentes en España, donde el número de casos se ha quintuplicado en sólo doce meses, al pasar de un 6,3% en 2012 a un 33,6% el pasado año.

Así se recoge en el último informe de la Red Internacional de Médicos del Mundo sobre acceso a la salud de los colectivos más vulnerables en Europa, elaborado con los datos de 16.881 pacientes, atendidos por la organización en 25 ciudades de ocho países europeos (Bélgica, Suiza, Alemania, Grecia, España, Países Bajos, Francia y Reino Unido), y que en esta ocasión pone el acento en mujeres embarazadas y niños.

El informe, presentado ayer en rueda de prensa, destaca que España es el país donde con más frecuencia se documentan casos de denegación de atención sanitaria, lo que afecta aproximadamente a la mitad de los pacientes que tenían derecho a la asistencia antes de la reforma sanitaria.

El presidente de Médicos del Mundo España, Álvaro González, explicó que hasta el real decreto de reforma sanitaria de abril de 2012, en España había gente que llevaba quince o veinte años acudiendo al sistema sanitario "y que ahora de repente va y le dicen: no tiene papeles, fuera, y, además, con un tono discriminatorio".

A nivel europeo, dos tercios de las embarazadas carecen de acceso a la atención prenatal y, en el mejor de los casos, sólo uno de cada dos niños ha sido vacunado contra el tétanos, hepatitis B, sarampión o tos ferina, una situación que no se da en nuestro país, donde, según González, el sistema de vacunación "es uno de los mejores del mundo, al menos hasta ahora". En algunos países, la tasa de vacunación es inferior al 30% (muy por debajo de la ratio de cobertura de la población general, en torno al 90 %). González recalcó que la situación de las mujeres embarazadas es "simple y llanamente inaceptable" y consideró que en época de crisis tanto ellas como los niños deberían estar especialmente protegidos.

El estudio denuncia que últimamente se está produciendo una negativa a conceder certificados de nacimiento a los recién nacidos de madres que no han podido pagar los gastos de la atención al parto.