Si las urnas no desmienten a las encuestas, un día después de las elecciones del 9-M Rodríguez Zapatero o Rajoy tendrán que ponerse manos a la obra y negociar un pacto de legislatura o de gobierno con las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas para poder ser investidos presidentes del Gobierno. Sin entrar en el periodo de la Transición, que contó con alianzas más complejas, así ha sido tras las elecciones generales de 1989 y 1993, con Felipe González; en las de 1996, con José María Aznar, y en el de 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero.

Las mayorías relativas de socialistas o populares siempre dejan el mejor de los escenarios para este tipo de fuerzas políticas, que son, en estas circunstancias, las más beneficiadas por la actual Ley Electoral, en detrimento de formaciones como Izquierda Unida, que logra una representación que está muy por debajo de sus votos.

Eso es así porque el PSOE y el PP nunca han llegado a ponerse de acuerdo para reformarla y restarle protagonismo a PNV, CiU y Coalición Canaria, principalmente, aunque en la última legislatura han adquirido su importancia también ERC y BNG para la estabilidad Gobierno de Zapatero.

CiU, que lleva sin tocar poder desde que Pujol cedió el protagonismo a Mas, vislumbra ya ese escenario y se posiciona dejándose querer por el PSOE o el PP - a sus dirigentes les da lo mismo-, pero advirtiendo que venderá caro el pacto.

Mas pide ni más ni menos que dirigir la política economía del futuro Gobierno de España. Probablemente lo hace para meter cabeza en una campaña en la que los asuntos económicos están adquiriendo cada vez más importancia, debido a que la crisis o la desaceleración están causando importantes estrago en el bolsillo de los españoles.

Pero es bueno recordar que CiU, más allá de defender un modelo económico liberal, que suscribirían sin problemas tanto PSOE como PP, quiere que Cataluña se salga del régimen común, aprovechando que el Estatut establece que en agosto debe actualizarse el sistema de financiación de la Generalitat, y que se iguale al País Vasco y Navarra, que son las dos únicas comunidades que recaudan sus impuestos y abonan al Estado un cupo que se fija anualmente.

CiU persigue el cupo catalán puro y duro ante un PSC que se conforma con un modelo les depare "unos resultados similares" y que no va más allá por la negativa del PSOE a que Cataluña abandone el régimen común. El PP está en la misma posición.

Si CiU consigue su objetivo gracias al peso en oro de sus escaños, es bueno saber también que Andalucía sería una de las comunidad autónoma más perjudicadas por un eventual Concierto Catalán.