Doctor Ingeniero y Economista.

Presidente de la Comisión de Economía de la CEA

En 2008 cualquier responsable empresarial del sector eléctrico habría afirmado que el principal problema es el "déficit tarifario", consecuencia de la diferencia entre el coste de la energía suministrada y las tarifas fijadas por el Gobierno. Este tipo de déficit se suele producir en toda venta de bienes o servicios cuyos precios estén regulados, pero cuyos costes están sometidos a la oferta y la demanda del mercado y no son trasladados en su totalidad a los consumidores finales, que gozan así de unos precios "políticos" por razones, en todo caso, de carácter extraeconómico.

La desviación reconocida comienza en 2000, y su importe acumulado en 2008 ascendía a cerca de 16.000 millones de euros (de los que casi 13.000 aún figuraban en el balance de las empresas), previéndose que en 2009 supere los 22.500 millones. Los sucesivos gobiernos han optado por medidas dirigidas a "ajustar" los costes y por medidas dilatorias del cobro que penalizarían el consumo futuro. Así, la autorización al endeudamiento de las empresas y a su titulización en 2003 (técnica ya utilizada con la moratoria nuclear) con cargo a futuros derechos de cobro sobre generaciones futuras de consumidores. Las subastas del déficit "ex ante" son otro de los mecanismos financieros encaminados a desplazar en el tiempo la solución económica del problema.

En enero de 2008 el "recibo de la luz" subió un 3,3 por ciento, en julio el 5,6 por ciento y a partir de enero de 2009, un 3,4 por ciento (el Ministerio refiere este incremento al "consumidor medio doméstico"), lejos del 31 por ciento que la CNE consideraba necesario para dar una solución definitiva al déficit. La patronal UNESA, por su parte, propone para el futuro retirar de la tarifa todos aquellos componentes que no se corresponden con la actividad eléctrica.

En 2008 los más de 25 millones de consumidores españoles demandaron 279.868 GWh, sólo un 1 por ciento más que en 2007. La potencia instalada creció un 5 por ciento, debido sobre todo a las energías en régimen especial y particularmente la solar. La electricidad supone del orden del 20 por ciento del consumo de energía final en España. Según el Libro Blanco de 2005 para la reforma del marco regulatorio la tarifa media de referencia en España se redujo en términos reales un 32 por ciento en el período 1997-2005, situándose en la zona media de los países de la OCDE. Se estimaba que el gasto medio de una familia era de 1,4 euros diarios, un 2,4 por ciento del presupuesto familiar.

Aprobada la subida tarifaria y tras un acuerdo con el sector sobre el déficit, fuentes del Ministerio indican que las eléctricas asumirán 2.000 millones de euros (las ayudas al carbón nacional, las pérdidas de Elcogas y la mitad del coste del "bono social"). El Estado, por su parte, "limpiará" la tarifa con cargo a los Presupuestos y garantiza las titulizaciones de los derechos de cobro reconocidos, a fin de facilitar la obtención de un mejor rating; aunque todo ello debe ser concretado en un Decreto Ley cuya redacción final permitirá evaluar y cuantificar con más precisión sus diferentes aspectos. En cualquier caso, todo indica que el consumidor se verá afectado por el pago de los derechos pasados y amenazado por el posible fracaso en la eliminación del déficit futuro. El tiempo lo dirá.

En 2008 continuaron los movimientos accionariales en el sector energético. De forma algo voluntarista y convulsa se han ido modificando las estrategias empresariales y los criterios gubernamentales, todo ello en parte provocado por la evolución de los mercados y de las condiciones de entorno, y en ausencia de una planificación indicativa estable. Los socios de control de Endesa negociaban a final de año el desarrollo de lo pactado en la OPA de julio de 2007, contemplando el adelanto del ejercicio de la venta de acciones (put valorada en enero en 11.000 millones de euros) de Acciona a Enel (pública en un 31,27 por ciento). En junio E.ON finalizó la adquisición de Enel Viesgo y de algunos activos de Endesa, una operación también derivada de la mencionada OPA y que la hace propietaria en Andalucía de dos centrales de carbón y un ciclo combinado actualmente en construcción.

Para las restantes grandes empresas la situación no es menos movida. En julio Gas Natural (40 por ciento de La Caixa) anunció su intención de hacerse con el control de Unión Fenosa, lo que podría culminarse en el primer trimestre de 2009. En Iberdrola, ACS es el primer accionista con un 7,774 por ciento (Bancaja y BBK suman un 13,2 por ciento) y ha anunciado que quiere afianzar su posición. Las noticias y los rumores sobre movimientos accionariales han sido constantes, y en ellos han aparecido la portuguesa EDP (que controla Hidrocantábrico) y la francesa EDF. Por las obvias interrelaciones accionariales y productivas, la electricidad no va a ser ajena a lo que ocurra en los sectores del gas y del petróleo, donde lo que suceda en Repsol y Cepsa será de suma importancia. Puede decirse que el mapa eléctrico accionarial no está ni mucho menos cerrado, y que el panorama actual está bastante lejos del conformado por "campeones nacionales" que en algún momento se pretendió.

No sólo el déficit tarifario y la configuración empresarial plantean incertidumbres para 2009. Hay que considerar también la desaparición del sistema tarifario integral y la determinación de la metodología de cálculo y la aplicación de la tarifa de último recurso, la introducción del "bono social", la culminación de la interconexión con Francia, la definición del mix objetivo de generación (debate nuclear incluido), la compatibilización del objetivo estratégico de control del cambio climático con la sostenibilidad económica y social del sector, y el establecimiento de un marco regulatorio estable y coherente.

En 1998 comenzó la creación de un mercado de electricidad competitivo en España. A estas alturas cabría preguntarse si se están cumpliendo los objetivos propuestos y no se estará propiciando, paradójicamente, una intervención más intensa, compleja y cara sin conseguir las ventajas en los precios y características del suministro que son esperables de una economía de mercado. En definitiva, el año 2009 será decisivo para alcanzar un balance positivo con las políticas que vienen siendo adoptadas. O, en su caso, para ser capaces de modificarlas.