Josep Casadesús

Catedrático de Genética, Universidad de Sevilla

En mayo de 2010, el gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, destinada a sustituir la vigente Ley de Investigación Científica y Tecnológica, vigente desde 1986. Desde los años 80, España ha cambiado radicalmente, y la ciencia española también, debido a múltiples factores entre los que destaca la pertenencia a la Unión Europea.

Parece pues, sensato, adaptar el marco legal de la ciencia a los nuevos tiempos. Por otra parte, la tramitación parlamentaria de la Ley se produce en un momento preocupante para los investigadores españoles, debido a la crisis económica y a los inevitables recortes en los presupuestos de investigación. La Ley superó su primer trámite parlamentario en un pleno del Congreso celebrado en noviembre, que rechazó una enmienda a la totalidad presentada por UPyD. Se trataba de una enmienda sensata, aunque maximalista, que consideraba que la nueva Ley era poco ambiciosa y perpetuaba algunos males endémicos del sistema científico español: el exceso de burocracia, la falta de movilidad de los investigadores, la endogamia universitaria y la desconexión entre la investigación académica y el mundo empresarial.

Otros grupos parlamentarios, incluido el PP, manifestaron su desacuerdo con aspectos concretos de la Ley pero ofrecieron al gobierno la posibilidad de mejorar el texto a base de diálogo. Por tanto, es previsible que el borrador de la Ley sufra modificaciones pero no parece probable que el texto final cambie de filosofía ni de puntos cardinales. La Ley no prevé grandes cambios en el sistema actual de financiación de la investigación mediante convocatorias competitivas de proyectos plurianuales. La financiación de la investigación correrá a cargo de dos organismos, la Agencia Estatal de Investigación, que financiará proyectos de investigación basándose en criterios puramente científicos, y el ya existente Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), que fomentará la transferencia de tecnología a las empresas y la investigación aplicada, empleando criterios tanto científicos como de mercado. Es alentador que este organigrama no suponga grandes cambios con respecto al sistema actual: los Planes Nacionales de Investigación han demostrado su eficacia desde hace varias décadas.

Un factor clave ha sido la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), que evalúa los proyectos de investigación mediante un sistema de evaluación por pares, solicitando informes a expertos españoles o extranjeros. La ANEP es una de las mejores agencias de evaluación de Europa y su rigor e independencia superan a las de muchos países de nuestro entorno. La creación de órganos adicionales como el Consejo Asesor de Política Científica y Tecnológica o el Comité de Ética de la Investigación tampoco supondrá grandes cambios con respecto al sistema actual. En el caso del Comité de Ética, aunque se trata de un órgano que ya existe a escalas inferiores (CSIC, universidades, hospitales), parece razonable que exista un órgano de rango superior que unifique los criterios y coordine la actividad de los comités locales.

La Ley también introduce algunos cambios que pretenden mejorar las condiciones laborales de los investigadores. Uno muy destacable es la desaparición de las becas de investigación, que serán sustituidas por contratos laborales. De este modo, los investigadores jóvenes tendrán condición de trabajadores (y por tanto cotizarán a la Seguridad Social) desde el inicio de su carrera. La Ley también regula el acceso a la carrera científica mediante contratos parecidos a los actuales (Ramón y Cajal y Juan de la Cierva), con la diferencia que dichos contratos podrán convertirse en indefinidos tras la superación de dos evaluaciones. Otra novedad, que afectará a los investigadores funcionarios, es la equiparación de escalas en todos los organismos públicos de investigación. Además, las escalas funcionariales del CSIC se equiparán a las de las universidades. La nueva Ley ha recibido numerosas críticas por parte de los investigadores. Nada más conocerse el borrador, la Ley fue calificada de “conservadora” e “insuficiente” por Joan Guinovart, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).

Sin embargo, muchas quejas de los científicos están más relacionadas con la financiación que con la Ley en sí. Tras años de aumento incesante de los presupuestos de investigación, la crisis económica ha conllevado serios recortes, que tarde o temprano empezarán a repercutir en la productividad científica de España. Otras críticas de la COSCE suscitan serias dudas. Por ejemplo, la conveniencia de adaptar la Ley a la estructura autonómica del Estado parece discutible: un aumento de complejidad en la toma de decisiones (y más aún en la gestión) no conlleva necesariamente un aumento de eficacia. Y ya he señalado anteriormente a la ANEP, un órgano de ámbito nacional, como un factor clave en la distribución racional de los fondos de investigación. Afortunadamente, la Ley no contempla las reivindicaciones de algunas asociaciones de investigadores jóvenes que, con espíritu más sindical que científico, persiguen garantías de estabilidad laboral para todo aquel que empiece una carrera investigadora. Este tipo de reivindicación revela una mentalidad más próxima al denostado talante funcionarial que al espíritu cientifico. Para mejorar la productividad científica española no sólo hacen falta más recursos materiales. También es imprescindible seleccionar los científicos profesionales evaluando su creatividad, su competitividad y su espíritu emprendedor. En este aspecto, la nueva Ley no prevé grandes cambios con respecto a los actuales sistemas de selección, que funcionan eficientemente en el CSIC pero dejan mucho que desear en las universidades.