El juez Ángel Márquez subraya que como gestor de los intereses públicos al acusado se le exige "un mayor rigor en su ejercicio" y destaca el "reproche social" de este tipo de delitos de corrupción, por lo que su encarcelamiento "servirá no sólo para prevenir a los ciudadanos" y "como freno a posibles conductas futuras de análoga naturaleza por otras personas". Rechaza la suspensión de la ejecución de la condena por las "circunstancias del delito cometido, los procedimientos penales en los que está incurso, su conducta posteriores a la condena, y los fines de prevención especial y general que cumple la pena".

La averiguación patrimonial revela que el asesino confeso no tiene ingresos destacados más allá de los 80 o 100 euros mensuales que pudiera percibir por realizar algún tipo de trabajo remunerado en prisión.

La asociación 17 de Marzo cree que la inclusión de elementos de “apología del autor de un delito de lesa humanidad no guarda ninguna relación con las creencias religiosas”.

El Ministerio Público quiere saber si el asesino confeso ha venido "a mejor fortuna" durante los diez años que lleva encarcelado.

El reconocimiento obedece a los "valiosos servicios que la Corona viene prestando a España y como abogado defensor del Estado de Derecho".

Las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez estarán exentas de ponencias y de asistir a juicio entre el 22 de abril y el 28 de junio.

La consejería de Justicia abonará en la nómina de abril la subida pactada para 2019 y con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Reduce la cuantía inicial de la apropiación de 1,3 millones y rebaja la petición de condena a tres años de cárcel. La Fiscalía critica a la acusación y a la defensa por haber aportado informes periciales y nuevos documentos de forma tardía.

El tribunal considera que con los documentos aportados por el empresario para cobrar la deuda cualquier intento se parecería más "a un puro intento de extorsión".