La instructora aclara en un auto que "no es necesario" en este momento procesal reclamar al Ayuntamiento la fianza al "no existir riesgo de que no pueda hacer frente a las responsabilidades civiles" que pudieran corresponderle. La juez abrió juicio oral contra la veterinaria municipal y declaró al Consistorio responsable civil subsidiario del brote de listeriosis.

En este caso se trata de un juicio fijado inicialmente para enero de 2024 y que posteriormente se adelantó a junio de 2023. El tribunal de garantías ya respaldó el derecho a un proceso judicial sin retrasos.

En la causa había tres investigados, entre ellos dos ex directores generales de Formación de la Junta de Andalucía. El juez archiva la causa por las ayudas a Heineken.

La Audiencia tumbó esta pieza de los ERE por haberse superado los plazos de instrucción. El Supremo ha insistido en que los plazos de instrucción son de "obligado cumplimiento".

PSOE y Unidas Podemos plantean declarar inhábil el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero de cada año judicial. El lamento del juez al encarcelar a un hombre: "ha incumplido su parte del contrato".

"Es bueno conceder oportunidad a las personas, pero éstas deben ser conscientes de la oportunidad que se les concede", razona el magistrado, que ha revocado su anterior decisión de suspender el ingreso en prisión de un hombre condenado por apropiación indebida. El club de los juicios de la década.

La Justicia hace aguas en Sevilla por la falta de medios y el colapso de las jurisdicciones, con juicios a más de tres años vista en los que se enjuiciarán hechos ocurridos diez años antes. El juicio de la mina de Aznalcóllar se ha fijado para 2025.

La petición realizada por el tribunal se produce cuando aún no se han resuelto los recursos de súplica, lo que da margen para que los ex altos cargos puedan pasar las Navidades en casa. La reforma de la malversación que promueve ERC podría beneficiar a los ex altos cargos condenados por los ERE. Salvar al soldado Griñán.

El anterior artículo 433 del Código Penal sólo fijaba penas de "multa" para la autoridad o funcionario que destinara los caudales "a usos ajenos a la función pública". La reforma de la malversación beneficiaría a Griñán y a los otros ex altos cargos.

En el caso del ex presidente de la Junta supondría reducir a la mitad la pena impuesta por la Audiencia y ratificada por el Tribunal Supremo de seis años y dos días de prisión. PSOE y Podemos descartan que los cambios del Código Penal beneficien a los ex altos cargos condenados por los ERE. Salvar al soldado Griñán.