La Dirección General de Costas ha ordenado el derribo del mítico restaurante Antonio Martín. Pero su situación depende primero de un desalojo por parte de la Junta de Andalucía, que es el organismo que tiene competencia en las concesiones, según fuentes del Gobierno central.

Si Costas ordena el derribo, posterior al desalojo, es debido a que son ellos quienes tienen la competencia sobre el dominio marítimo terrestre y, una vez retirada la licencia por parte de la Junta de Andalucía, es esta dependencia del Ministerio de Transición Ecológica quien decide si mantener o no el edificio en pie. Costas opta por la opción del derribo al entrar ese espacio en el proyecto para la ciudad que tiene el Ayuntamiento de Málaga en el llamado Eje Litoral. 

El plan, por el que se pretende soterrar el tráfico en el centro de la ciudad, diseña una plaza que una el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla con el mar directamente en ese emplazamiento, consiguiendo de esta manera un espacio peatonalizado en el que se espera ganar en zonas verdes y de ocio. Así, desde el Gobierno aseguran que, una vez retirada la licencia por parte de la Junta de Andalucía, la decisión sobre la infraestructura recae sobre la Dirección General de Costas que, atendiendo al proyecto del Ayuntamiento, se decide por el derribo.

Recuerdan desde el comienzo que la cronología del desalojo y el derribo del restaurante Antonio Martín comienza con la extinción de la concesión por parte de la Junta de Andalucía. Después de que los empresarios que tenían la concesión la recurriera, el TSJA se pronunció manteniendo en firme la decisión del ejecutivo regional. Por lo que, en ese momento la infraestructura, como todo bien en el espacio público marítimo, pasa a ser propiedad de Costas. Pero, aseguran fuentes del Gobierno, el desalojo depende de la entidad que otorga, o en este caso retira, la concesión; para después poder proceder al derribo del edificio.