HACE poco más de dos meses, en el primer tercio del pasado octubre, la ciudad de Cádiz estaba ya metida en la llamada ‘nueva normalidad’ con una tasa de incidencia de 15 casos por cien mil habitantes. La pandemia de coronavirus estaba en pleno retroceso y ya se esperaba la celebración de unas navidades lejos de las restricciones de 2020.

Dos meses más tarde, todas las alarmas han saltado. En España, que gracias al éxito de la vacunación registraba cifras de contagios muy bajas, y en medio mundo, con la OMS lanzando señales de peligro ante una pandemia que no remite y sí se agrava.

Los datos centrados en Cádiz capital son elocuentes. El pasado viernes se llegaba a 244 casos por cien mil habitantes, casi 230 puntos más que hace dos meses y, encima, con una clara tendencia al alza. Y con todas las fiestas navideñas aún por llegar.

A pesar de estas cifras, a pesar de las alertas sanitarias, se ve claramente en las calles y plazas de Cádiz una relajación en el control de las medidas sanitarias. Si antes la gran mayoría llevaba la mascarilla contra el Covid, ahora son más los que la ignoran.

Es cierto que ya no es obligatorio (aunque la Junta se está replanteando esta decisión) pero su uso no deja de ser una decisión cívica ahora ignorada. Y junto a ello, se ven también concentraciones festivas en muchos bares.

En esa estamos ahora, en plena línea ascendente y sin visos de parar su crecimiento. Con toda la Navidad, salvo milagro, protagonizada por el virus nos meteremos en enero y, con ello, las que eran las fechas oficiales del inicio del concurso de agrupaciones de Carnaval, si éste no se hubiera suspendido.

El mismo octubre el gobierno municipal decidió suspender el concurso del Carnaval y la propia fiesta y aplazarlos hasta mayo y junio. Una medida que provocó una lluvia de críticas desde el propio mundo del Carnaval y, con especial dureza, de miembros de este colectivo ideológicamente muy cercanos al gobierno de José María González, lo que provocó un gran malestar en el entorno del gabinete local, sobre todo por las descalificaciones sufridas por la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla.

Se consideró entonces una medida desmesurada, tal y como iba la pandemia, y más cuando en otras localidades con Carnaval éste se mantenía en pie.

Hoy, apenas dos meses más tarde, con el Hospital Puerta del Mar abriendo nuevas líneas para atender a los enfermos de Covid que comienzan a llegar ya en cierto número, la decisión de Cazalilla se demuestra acertada, pues iniciar el concurso en fecha, organizar los eventos gastronómicos que sirven de telón al COAC y, después, esperar a los miles de visitantes de la semana festiva, sin duda hubiera disparado los contagios a niveles de febrero pasado, cuando se llegó a la tasa récord de cerca de 1.000 por cien mil habitantes.

Gobernar es arriesgarse a la hora de tomar decisiones. Es cierto que estos seis años de mandato, el equipo de González ha dado demasiados bandazos y adoptado medidas que han acabado siendo erróneas, pero en este caso la realidad es la realidad y la suspensión del Carnaval, con estos datos de contagio a puertas de enero, ha acabado resultando lo más acertado para los gaditanos. Sobre todo porque lo que importa es la salud de los ciudadanos, no el voto que se podría haber ganado manteniendo la fiesta en tiempo y forma.

Cabría hacer cuentas de lo que hubiera costado suspender hoy el Carnaval (ahora que la propia Junta pone en duda las ferias de la primavera en toda la región). No solo al Ayuntamiento sino a las agrupaciones que habrían encargado sus disfraces, sus carrozas, sus atrezzos...

Otra cosa es si vale la pena retrasar el Carnaval y el COAC a mayo-junio próximo. No por si la pandemia sigue entonces (tras estas navidades ya no nos podemos fiar) sino por aquello de mantener febrero como fecha esencial de la fiesta. Y si no es posible pues este año tampoco habrá Carnaval.