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Justicia y sucesos

Una Justicia de pago

Jorge Muñoz

La nueva ley de tasas que aprobó este año el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha logrado reunir en su contra a la totalidad de los operadores judiciales: desde los jueces a los funcionarios, pasando por los abogados, procuradores y la ciudadanía en general. La Ley 20/2012, conocida como la del tasazo, ha impuesto el pago de entre 50 y 1.200 euros para la realización de determinadas actuaciones en las jurisdicciones Civil, Contencioso-Administrativo y de lo Social.

Con esta nueva norma, que entró en vigor de forma efectiva el 17 de diciembre una vez publicados los formularios de pago, actividades hasta ahora cotidianas en la justicia como el recurso contra una multa de tráfico van a desaparecer de los juzgados porque la tasa vale más que la cuantía de la multa. Si un ciudadano ha sido multado con 200 euros por aparcar en doble fila o saltarse un semáforo en rojo y quiere recurrir dicha sanción, tendrá que abonar la misma cantidad sólo para presentar un recurso contencioso-administrativo.

Esta cantidad no incluye los honorarios de su abogado y procurador, ni tampoco el pago de las tasas en el supuesto de que quiera recurrir la sentencia, en cuyo caso tendría que pagar otros 800 euros para presentar un recurso de apelación, y otros 1.200 si llega al Tribunal Supremo. La multa de 200 euros puede generar, sólo en concepto de tasas, un hipotético coste de hasta 2.200 euros. La conclusión: ya no habrá recursos contra las multas. Otras actuaciones comunes en los juzgados, como la presentación de una demanda de divorcio o la reclamación de una deuda, también acarrean el pago de tasas que pueden superar los 2.000 euros, en función de los recursos que sea necesario plantear.

 

En la jurisdicción Social, la presentación de la demanda está exenta del pago de la tasa, pero no los recursos que se puedan plantear contra las resoluciones de los jueces, que suponen el pago de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 si el recurso se eleva al Tribunal Supremo. La ley prevé una exención del 60% de la cuantía de la tasa para los trabajadores, ya sean por cuenta ajena o autónomos, pero aún así supone que tendrán que pagar por algo que hasta ahora era gratis. El Gobierno asegura que la ley reducirá la elevada litigiosidad y ayudará a financiar la justicia gratuita. De lo primero no hay duda, pero a golpe de sacrificar el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos, a encontrar una respuesta razonada y motivada de los jueces, según entienden todos los operadores jurídicos que han hecho un frente común contra la norma. La ley de tasas ha sido uno de los últimos elementos incluidos por jueces y fiscales en sus reivindicaciones contra las reformas emprendidas por el Ministerio de Justicia y que amenazan con repetir la histórica jornada de huelga de febrero de 2009.

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