Jorge Muñoz

La Operación Emperador desarticuló una trama china dedicada al blanqueo de capitales, pero un error judicial obligó a excarcelar a una veintena de miembros de la red, incluido el presunto cabecilla, Gao Ping. La Audiencia Nacional ordenó la inmediata puesta en libertad de los detenidos al considerar que su detención se prorrogó de forma ilegal, al superar el límite legal de las 72 horas.

El problema se originó porque en la operación se procedió a la detención de un elevado número de personas, en total fueron 107 los arrestados, a los que se imputaban delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Las detenciones se realizaron por parte de la Policía el 16 de octubre, pero el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu no tuvo a su disposición a los detenidos hasta el 18 de octubre, porque la Policía tuvo que practicar 120 entradas y registros en domicilios, sedes de empresas y locales en el marco de la operación. 

El juez acordó el ingreso en prisión de los detenidos los días 19 y 20 e interpretó que el plazo de las 72 horas debería comenzar desde que fueron puestos a su disposición, de lo contrario, según el argumento del instructor, habría tenido que decretar el encarcelamiento provisional de los detenidos sin ni siquiera haberles tomado declaración. El 18 de octubre, Andreu ordenó al secretario del juzgado que leyera los derechos en la comisaría a los detenidos y dio instrucciones a la Policía para que no realizara nuevas diligencias. 

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que esa prórroga de la detención fue ilegal, y declaró la "nulidad absoluta e insubsanable" del auto por el que se acordó el ingreso en prisión, una medida de la que se beneficiaron el propio Gao Ping, su esposa y el cabecilla de la trama de extorsión, Hay Boo. El juez Andreu asumió la responsabilidad por lo ocurrido, aunque aseguró que, a su juicio, no se ha equivocado al actuar como lo hizo, por cuanto, según manifestó tras conocer la puesta en libertad de los detenidos, "diga lo que diga una ley de 1800, antes de decretar el ingreso en prisión de alguien, el juez tiene que oírle" en declaración.

Gao Ping, al igual que otros miembros de la trama desarticulada, recurrió el auto de prisión y la Audiencia Nacional decretó su excarcelación, que se produjo en la tarde del 29 de noviembre, tan sólo unos 40 días después de que entrara en la cárcel. La Fiscalía intentó evitar estas excarcelaciones mediante la presentación de varios recursos, argumentando que "la posible vulneración de un derecho fundamental no supone, por sí sola, la nulidad de cuantas resoluciones se hayan dictado después de tal vulneración", pero la Sección Tercera de la Audiencia Nacional los rechazó todos.

Además, la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación tras la queja presentada por el abogado de Gao Ping contra el juez Fernando Andreu.

La Operación Emperador permitió intervenir unos 11.600.000 euros en efectivo, así como armas, joyas y obras de arte, y numerosa documentación bancaria y mercantil en soporte papel e informático. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, destacó en su día la importancia de esta operación contra la delincuencia económica que ha destapado un entramado criminal que estaba blanqueando unos 160 millones de euros al año.

Más de 500 agentes de la Policía Nacional pertenecientes a las Comisarías Generales de Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, Seguridad Ciudadana y Policía Científica, así como efectivos policiales de varias Jefaturas Superiores, del Grupo Especial de Operaciones, y de la Subdirección de Logística, participaron en las detenciones y registros que se desarrollaron por toda España. La complejidad y amplitud del dispositivo requirió además la colaboración de 60 miembros de la Agencia Tributaria y un elevado número de secretarios judiciales para llevar a cabo todos los registros establecidos. Junto a ellos trabajaron policías de la OCN Interpol España y tres miembros de la oficina de Lyon.

A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación documental, contra la Hacienda Pública, amenazas, contra los derechos de los trabajadores o cohecho, entre otros.

Los objetivos operativos, ordenados por la autoridad judicial, contemplaban inicialmente la detención de unas 110 personas, el registro de 124 inmuebles, y embargos de productos bancarios, activos, vehículos y bienes de 122 personas físicas y 235 jurídicas.