El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga las presuntas irregularidades en ayudas concedidas a empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente valenciano Ximo Puig, le ha citado a declarar el próximo 23 de mayo.

En un auto, fechado el 31 de marzo , el juez ordena citar para el 23 de mayo al administrador de Comunicacions dels Ports SL y Mas Mut Producciones SL, Francis Puig como solicitante de las ayudas, así como, el día 25 del mismo mes, al administrador de Canal Maestrat SL, Juan Enrique Adell Bovell. Ambos deberán comparecer a las 09.30 horas.

En la misma resolución, da por recibidas diversas actuaciones del ministerio fiscal e insta a remitir sendos oficios a la intervención de la Generalitat valenciana y de la Generalitat de Cataluña para que realicen informes de auditoría.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia investiga la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat valenciana, de la Generalitat catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018.

Precisamente este martes, Comunicacions dels Ports, una de las productoras, ha insistido, en un comunicado, en que no ha cometido ningún ilícito penal y asegura que pedirá comparecer ante el juez para explicar subvenciones cuestionadas.

La productora señala que durante más de dos años se ha mantenido un "respetuoso silencio" para no interferir en la investigación y ha aclarado que las "dudas" de la Guardia Civil sobre un número "muy limitado" de facturas aportadas para justificar las subvenciones concedidas "serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial, que se solicitará en breve". Y ha agregado: "En ningún caso tales dudas derivan en la comisión de ningún ilícito penal".

"CONFUNDE"

Además, ha advertido de la existencia de un informe de la benemérita en la que, a su juicio, "confunde" al hablar de la doble imputación del gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat Catalana, el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración con el dato objetivo de que en ningún caso se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto, "respetándose en todo momento el límite previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones".

Y ha aprovechado para recordar, tal y como consta en un oficio remitido por la Agencia Antifraude de fecha 20 de febrero de 2020 al juzgado que, tras las comprobaciones oportunas, "todos los planes de control en el ámbito administrativo de las subvenciones recibidas han finalizado con resolución favorable, no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de la administración".