Jorge Muñoz

La macrofiesta de Halloween del Madrid Arena pasará a la historia como una de las más trágicas de la historia de estas celebraciones en España. Cinco chicas jóvenes, de entre 17 y 20 años, perdieron la vida como consecuencia de una avalancha en un recinto en el que se había excedido ampliamente el aforo permitido hasta en un 58%.

Las primeras investigaciones apuntaban a que el estallido de un petardo o el lanzamiento de una bengala pudo haber provocado la estampida que causó la muerte de las jóvenes, dos de las cuales fallecieron días después en el hospital. Pero las grabaciones tanto de las cámaras de seguridad como de los propios asistentes a la fiesta, ha permitido comprobar cómo momentos antes de la actuación de Aoki se produjo una entrada masiva de personas al recinto.

La ampliación del aforo permitido es una de las claves del suceso. La Policía logró recuperar 16.791 entradas en ocho sacas que fueron halladas en un pabellón anexo al Madrid Arena, lo que supera con creces las 9.650 entradas que, según el principal imputado, el gerente de la empresa Diviertt SL y promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, se habían vendido. Se superaban con creces las 10.600 entradas del límite permitido, porque en las entradas recuperadas no se cuentan las que no han sido depositadas ni las listas de invitados, por lo que el número de asistentes podría rondar los 23.000, con lo que se supera en un 58% el aforo autorizado.

La avalancha en la que fallecieron las jóvenes se produjo en uno de los pasillos de salida de la pista central, sobre las 4:00 horas. Los testigos presenciales aseguraron que muchas personas se quedaron atrapadas de cintura para abajo, sin poder moverse ni respirar. Desde la macrofiesta del 31 de octubre, el juez Eduardo López Palop, titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha iniciado una exhaustiva  investigación de los hechos, en la que se ha precintado el Madrid Arena.

En la causa se han producido ya las primeras imputaciones, entre ellas la del propio Miguel Ángel Flores, que ha quedado en libertad provisional tras pagar una fianza de 200.000 euros, aunque también está imputado el concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, que dimitió tras conocer su imputación como presidente de la empresa Madrid Espacios y Congresos, la sociedad pública municipal que alquiló el Madrid Arena a pesar de que no tenía licencia de funcionamiento y de que la organizadora acumulaba deudas con la Seguridad Social.

La inspección ocular realizada por el juez ha permitido averiguar asimismo que muchas cámaras eran falsas. También acabó dimitiendo, a pesar de su resistencia inicial y ante la acumulación de evidencias, el vicealcalde del Ayuntamiento Miguel Ángel Villanueva, hasta entonces persona de confianza de la alcaldesa Ana Botella.