El Consejo General de la Abogacía ha presentado una serie de propuestas para volver a la normalidad en el ámbito jurídico que presentará hoy martes ante el poder judicial y el Gobierno. Entre ellas está que los juzgados vuelvan a funcionar de forma limitada y a puerta cerrada después de Semana Santa.

Los abogados van a proponer al Ministerio de Justicia que se recupere la actividad de los juzgados entre el 13 y el 26 de abril para dar continuidad a los asuntos en trámite, aunque sin admitir nuevos casos.

En todo caso, el documento señala que si a partir del 27 de abril y hasta el 11 de mayo el Gobierno mantiene el estado de alarma, la Abogacía considera que se debería empezar a admitir nuevos asuntos, aunque la actividad judicial se realice a puerta cerrada.

Pese a ello, este órgano explica que a partir del 27 de abril solo se realizarían aquellos asuntos que se consideren "esenciales e improrrogables" y en ningún caso se propondrá la celebración de vistas ni de señalamientos. Entre las medidas para agiliar los asuntos judiciales está, una vez levantado el estado de alarma, habilitar juicios los días laborales por la tarde y los sábados por la mañana, además de solicitar más medios y presupuesto para Justicia.

El documento especifica las actuaciones que deberían empezar a realizarse a partir de Semana Santa, como la notificación de sentencias y autos, aunque suspendiendo temporalmente los plazos para interponer un recurso.

Además, la Abogacía detalla que se debería retomar la realización de ciertos trámites, como los de la sucesión procesal por muerte, aunque recomienda que siempre que sea posible los funcionarios realicen el trabajo de tramitación y notificación desde sus domicilios. Y cuando no lo sea, se organice el trabajo en el juzgado garantizando siempre las medidas de prevención estipuladas por el Ministerio de Sanidad.

De este modo, del 13 al 26 de abril, el Consejo de la Abogacía propone la recuaperación de la actividad de los juzgados, con presencia de funcionarios con los requisitos señalados por la autoridad sanitaria, sin vistas ni señalamientos, salvo los considerados como servicios esenciales.

"La idea sería limitar esos primeros quince días a la tramitación de los asuntos pendientes en los juzgados, no permitiéndose la presentación de nuevos escritos. Lógicamente, sin celebración de vistas ni de juicios salvo que se traten de los considerados como servicios esenciales. Se mantendrían suspendidos los plazos procesales", señala el documento.

Del 27 de abril al 11 de mayo se podrían presentar nuevos escritos, permaneciendo el trabajo a puerta cerrada y a partir del 12 de mayo, si ya no hay estado de alarma, "se volvería a la actividad habitual, con vistas y juicios, señalándose primero todos los que han sido suspendidos con motivo del estado de alarma, y después estableciéndose por orden de preferencia, por la urgencia y necesidad de las materias".

Entre las propuestas se solictia el fomento de la mediación intrajudicial para "todos aquellos procedimientos en los que, a criterio del juez o magistrado, se aprecie la posibilidad de llevarla a cabo, organizando los Colegios y Asociaciones que se encuentran adheridas al Convenio de las Comunidades Autónomas con el CGPJ, para la realización de la mediación, con la utilización de medios telemáticos para su desarrollo en aquellos casos en que fuese posible".

Una vez levantada la vigencia del estado de alarma, el Consejo General de la Abogacía solicita el levantamiento gradual de los plazos de suspensión, graduación de las notificaciones y mayor dotación de recursos personales y materiales, entre otras.

Asimismo, solicita que los señalamientos se realicen según unos órdenes de preferencia en determinados tipos de materias "en especial los suspendidos, derivados de la declaración del estado de alarma  y se realice un estudio detallado por materias, en especial Derecho de Familia". Además piden permitir y fomentar el uso de comunicaciones electrónicas, en esencial, el correo electrónico entre los órganos judiciales y la Abogacía para la conciliación de agendas, trámites y en todo aquello que pueda agilizar la tramitación del expediente judicial y no necesariamente requiera una formalidad procesal expresa.

Por otro lado, solicitan el acceso al expediente judicial eectrónico para los abogados y procuradores y mayores recursos personales y materiales, así como el refuerzo de la plantilla de funcionarios y órganos jurisdiccionales, incluido el incremento de los jueces  de refuerzo entre los sustitutos con experiencia previa en la jurisdiccióny fomentar la figura del Juez de apoyo," pero mediante la contratación, por ejemplo, de los números siguientes de la oposición, o recién jubilados, o incluso impulsando el cuarto turno". A todo esto se sumaría el impulso de la Mediación sobre todo para temas concretos de Derecho de familia, procesos de arrendamiento, o de división patrimonial y propedad intelectual, entre otros.