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Acusan a UGT-A de "ampliar las represalias" contra el denunciante del caso de las facturas falsas

  • Critican que el sindicato pida en su recurso que no se aplique la atenuante de dilaciones indebidas para que el trabajador vaya a prisión e insiste en reclamar una indemnización de 60.000 euros.

El derecho a última palabra del denunciante de las facturas falsas de UGT-A

La Asociación Mediterránea y Contra la Corrupción (AMAYT) ha denunciado este lunes que el sindicato UGT-A ha "ampliado las represalias" contra Roberto Macías por alertar del desvío de fondos públicos en el conocido caso de las facturas falsas, de acuerdo al recurso presentado por el sindicato contra la sentencia que condenó al denunciante a dos años de cárcel.

Según esta asociación, el recurso de UGT-A constituye una "clara ampliación de las represalias contra el ex trabajador" que reveló el presunto fraude conocido por la opinión pública como el caso de las “facturas falsas de UGT, por cuanto aprecia una "actitud vengativa y perversa por parte de la Dirección Ugetista que no cesa en su empeño de encarcelar a Roberto Macías".

La asociación denuncia que la organización sindical ha vuelto a plantear dos "cuestiones diabólicas" con las que intentan claramente llevarlo a prisión. De un lado, la petición de anulación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, aplicado por la magistrada Ana María León Gallego en su sentencia. "Dicha petición espuria, persigue que la condena sea mucho mayor a dos años de prisión, lo que conllevaría un ingreso en prisión en el hipotético caso de que nuestro recurso fuese desestimado por la Audiencia Provincial de Sevilla", precisa. Las dilaciones que se dan en el presente procedimiento "no son imputables a nuestro cliente, que es una víctima de la "lentitud y colapso judicial". "Este largo y tortuoso proceso ha provocado un daño irreparable para Roberto Macías y su familia, que desde hace seis años sufre el acoso y derribo judicial por parte del sindicato hermano del PSOE", añaden.

En segundo lugar, critican que el recurso de UGT reactiva la "infame reclamación de 60.000 mil euros por considerar que la denuncia pública de Roberto Macías constituye una lesión al honor de una organización de ámbito nacional y autonómico. Esta es otra medida de represión y tortura que el sindicato socialista quiere utilizar para hundir en la miseria al único hombre que ha reconocido en sede judicial el presunto desvío de fondos públicos. Tal y como queda recogido en su último turno de palabra el pasado día 6 de marzo en el juzgado penal 15", asevera la asociación en el vídeo del juicio.

Desde la Asociación Mediterránea y Contra la Corrupción (AMAYT), que patrocina la defensa de Roberto Macías, denuncia ante la sociedad las "ignominiosas acciones que interpone la cúpula ugetista contra un alertador de corrupción en virtud de la Directiva Europea EU 1937/2019, que protege a las personas que informen de infracciones al Derecho de la Unión como el caso de nuestro representado".

Por último, manifiesta que el caso de Roberto Macías "sentará un precedente en el derecho europeo. Pues a todas luces se trata de un alertador de corrupción que debió ser protegido por nuestros poderes públicos; pero por una extraña e insólita decisión judicial acabó siendo el primer condenado. Una muestra más de la necesaria protección para las fuentes periodísticas y de la imperiosa necesidad de proteger a todas las personas que informen actos de corrupción", concluye el presidente de Amayt, Francisco José Sánchez del Águila Ramón.

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